En una reciente intervención pública, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, rompió el silencio sobre las controversiales revelaciones que involucran al presidente Javier Milei en el denominado caso $LIBRA. El funcionario fue enfático al señalar la falta de rigor jurídico en las acusaciones actuales, advirtiendo lo siguiente:
“Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”.
Durante un diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en la señal A24, el titular de la cartera de Justicia aclaró que su intención no es generar disputas, sino defender el debido proceso. Mahiques subrayó que solo los fiscales tienen la facultad de imputar y que la determinación de una condena es un camino institucionalmente complejo que requiere la intervención de diversos magistrados y múltiples instancias legales.
La legitimidad del proceso judicial
“Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”, puntualizó el funcionario. Mahiques insistió en que el Poder Judicial es el único organismo con la autoridad para establecer responsabilidades penales, minimizando el peso legal de las conclusiones emitidas por la comisión política creada en la Cámara de Diputados.
Este caso, que ha puesto en el ojo del huracán al gabinete nacional, busca determinar si Javier Milei participó de una maniobra de estafa relacionada con el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, evento que tuvo lugar el pasado 14 de febrero de 2025. Juan Bautista Mahiques es el primer alto mando del gobierno en pronunciarse oficialmente sobre esta investigación judicial en curso.
Antecedentes y comparaciones políticas
Para contextualizar su postura, el ministro recordó otros procesos legislativos que, a su juicio, carecieron de sustento penal. Mencionó específicamente la comisión de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, impulsada anteriormente por el exmandatario Alberto Fernández. “Estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna, y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”, comparó el titular de Justicia para ilustrar el carácter político de tales investigaciones.
En cuanto al informe final presentado por el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, el ministro reiteró su postura crítica. Ferraro ha sido tajante al atribuir responsabilidades directas tanto al presidente Javier Milei como a otros miembros de su equipo administrativo en la presunta comisión de ilícitos financieros.
Las dos vertientes de la investigación
A pesar de no profundizar en los pormenores del expediente, Mahiques destacó que existen actualmente dos investigaciones paralelas. La primera se centra en la posible participación del Presidente en el esquema de la criptomoneda. La segunda, de carácter administrativo y penal, busca esclarecer el origen de la filtración de datos que expuso supuestas comunicaciones entre Milei y los creadores del activo digital, gestionadas aparentemente a través del exasesor Mauricio Novelli.
Sobre este punto, el ministro calificó como un hecho de extrema gravedad el acceso no autorizado a los archivos de la Procuración General de la Nación. “Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo”, explicó, sugiriendo que esto podría invalidar el material utilizado contra el mandatario.
Detalles del escándalo financiero
El ministro también aclaró que la denuncia por la divulgación de estos documentos no provino del Ejecutivo, sino del propio Procurador General de la Nación. Se ha iniciado un sumario interno y una acción penal que involucraría a dos integrantes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
El caso $Libra ha cobrado relevancia tras el informe de Maximiliano Ferraro, que describe una supuesta red donde el presidente habría promocionado la moneda a cambio de pagos que ascenderían a los 5 millones de dólares. Según la acusación, el activo digital experimentó un alza masiva de inversiones inmediatamente después de su lanzamiento para luego desplomarse drásticamente, provocando que los inversores perdieran la totalidad de su capital en lo que parece haber sido una maniobra de manipulación de mercado.
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