Ante lo que diversos sectores califican como una “nueva Botnia”, evocando el histórico conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa, la Justicia de Entre Ríos ha emitido un fallo trascendental. La resolución judicial permite avanzar en la demanda por presuntos perjuicios ambientales contra la planta de biocombustibles ubicada en Paysandú, a escasos tres kilómetros de la localidad argentina de Colón.
Según consta en el dictamen de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, la fiscal María Josefina Minatta determinó que las acciones legales contra el Estado uruguayo y la firma chilena HIF Global SA no deben ser elevadas de forma directa a la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, el proceso deberá gestionarse en un juzgado federal de primera instancia en el ámbito local.
El documento oficial, con fecha del 18 de marzo, responde a la medida interpuesta por los legisladores nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, además del senador Adán Bahl, todos representantes de la agrupación Fuerza Patria. Los demandantes sostienen que la edificación de este complejo industrial ignora las normativas del Estatuto del Río Uruguay y desatiende la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de La Haya tras el litigio “Botnia-UPM”.
Este nuevo escenario judicial facilita la implementación de acciones preventivas urgentes, tales como el reconocimiento oficial de las riberas y la realización de análisis técnicos de las aguas por parte de los tribunales federales de la zona. La preocupación social en torno al impacto ecológico ha escalado, motivando incluso pronunciamientos de altos funcionarios regionales.
Recientemente, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó de manera tajante que la refinería de combustibles sintéticos proyectada en la costa vecina “tiene que relocalizarse”. Pese a estas declaraciones, la resolución de la fiscal Minatta representa el primer avance procedimental concreto desde el lado argentino frente a la falta de acciones administrativas previas.
Al respecto, el diputado Guillermo Michel criticó duramente la gestión política local:
«La inacción y falta de gestión de Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional»
Argumentos jurídicos de la Fiscalía
La acusación advierte que la instalación en Paysandú conlleva riesgos de contaminación severa para la población argentina debido a su ubicación fronteriza. No obstante, la fiscalía se centró inicialmente en dirimir la competencia judicial para asegurar que el caso se maneje en el tribunal adecuado. Se analizó si correspondía una instancia originaria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) o si debía seguir el curso ordinario.
La fiscal Minatta fundamentó que el acceso a la Corte Suprema es una vía de excepción. Bajo la Constitución, este privilegio solo aplica en causas civiles donde intervengan embajadores, diplomáticos o las provincias de forma directa, condiciones que no se cumplen estrictamente en este reclamo contra un Estado extranjero y una privada.
Citando el histórico precedente “Sojo”, la resolución subraya que el máximo tribunal ha reiterado que los estados foráneos no pueden litigar directamente ante la Corte en procesos de esta naturaleza. El dictamen valida el derecho de los ciudadanos a buscar la protección de intereses colectivos ambientales, pero aclara que esto no permite omitir las instancias judiciales regulares.
Detalles del proyecto y tensiones diplomáticas
El proyecto liderado por HIF Global se ubicará a 15 kilómetros del casco urbano de Paysandú y a solo 4 kilómetros en línea recta de la costanera de Colón. La planta estará situada en las proximidades del Área Protegida Islas del Queguay, lo que aumenta la sensibilidad sobre el uso intensivo de los recursos hídricos.
Con una inversión estimada en más de 5.000 millones de dólares, el complejo industrial tiene como objetivo producir anualmente 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina, basándose en la tecnología de hidrógeno verde.
A nivel diplomático, los canales de comunicación permanecen activos. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha mantenido encuentros con el gobernador Frigerio, mientras que los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin también han abordado el tema. Orsi ha expresado su optimismo por “lograr acuerdos” y destaca la disposición de Argentina para negociar el desarrollo del proyecto en Paysandú.
Sin embargo, el clima sigue siendo tenso. Mientras el intendente de Colón, José Luis Walser, insiste en que se “debe relocalizar, sí o sí, la planta”, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha pedido cautela en las formas.
«El conflicto de Botnia nos tuvo que dejar como enseñanza que si la irracionalidad le gana al diálogo, las poblaciones quedan de rehenes»
afirmó Olivera.
La sombra de incidentes pasados persiste en la región. Recientemente, se reportó el primer derrame de ácido sulfúrico en la planta de UPM en Fray Bentos tras 17 años de operaciones, un hecho que reaviva el debate sobre la seguridad y el control ambiental en los proyectos industriales del litoral uruguayo.
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