Luis Enrique Rojas, quien ocupó la presidencia de Hocol, ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación detallando una serie de hostigamientos, vigilancias y presiones que, según su declaración, provendrían del círculo íntimo de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Estas acciones intimidatorias estarían vinculadas directamente con sus señalamientos sobre presuntas anomalías y tráfico de influencias detectados dentro del grupo empresarial.
El expediente describe que las agresiones contra Rojas comprenden el envío de mensajes anónimos, llamadas de origen internacional con amenazas de muerte, seguimientos físicos y el hallazgo de dispositivos técnicos de espionaje. De acuerdo con la denuncia, estos sucesos se desencadenaron durante las fases de investigación sobre el posible direccionamiento de contratos en la petrolera estatal y su filial, evidenciando una escalada de represalias tras su salida de la entidad y la exposición de posibles actos de corrupción.
El exdirectivo presentó ante el ente investigador, el pasado 3 de marzo de 2026, una ampliación de su denuncia donde especifica la magnitud de las amenazas recibidas tras abandonar su cargo en Hocol. Los documentos revelan que el 18 de julio de 2025 recibió un texto anónimo en el que se mencionaban encuentros en España e Italia entre figuras como Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Vargas y Sebastián Ortega. El mensaje indicaba que en dichas reuniones se habrían pactado pagos de hasta 10 millones de dólares por magistrado para interferir en decisiones de carácter electoral.
Las coacciones relatadas por Rojas ante las autoridades judiciales iniciaron tras su renuncia y se agravaron luego de que organismos de inteligencia le advirtieran sobre la posibilidad de atentados y el montaje de campañas para vincularlo falsamente con delitos. El documento oficial sostiene que la confirmación de al menos tres reuniones internacionales permitió concluir la existencia de una estrategia dirigida desde el entorno más cercano de Roa y sus colaboradores estratégicos.
Supuestas presiones y maniobras en Hocol
En sus testimonios ante la justicia, Luis Enrique Rojas reconstruyó cómo, meses antes de dejar la empresa, fue blanco de presiones y llamadas provenientes del equipo de Ricardo Roa, quienes le planteaban reuniones y la transferencia de proyectos clave. Juan Guillermo Mancera, incluso antes del arribo formal de Roa a la presidencia, buscó contactar en reiteradas ocasiones tanto a Rojas como a Diego Orozco para gestionar nombramientos en la alta dirección y tratar asuntos de oportunidades en Ecopetrol.
Rojas declaró bajo juramento:
“Con Mancera nos reunimos varias veces y fuimos a almorzar en algunas ocasiones a al menos cuatro restaurantes. El 17 de julio de 2023, Mancera me llamó y me dijo que al día siguiente había reunión con Ricardo Roa”
Este contexto habría facilitado la designación de personas allegadas en cargos estratégicos: Renato Caicedo y Cristian Ducuara fueron nombrados posteriormente como vicepresidentes de Producción y de Servicios Técnicos en Hocol, mientras que Rafael Rozo asumió la presidencia de Ocensa. Rojas afirma que, una vez en su puesto, procedió a reorganizar la estructura y remover a 12 directivos, lo que generó represalias inmediatas, incluyendo llamadas anónimas que le advertían sobre las consecuencias de afectar a individuos con poder.
La ampliación de la denuncia también registra que el conflicto se agudizó en agosto de 2024, tras una inspección de seguridad que halló micrófonos ocultos en su oficina. Rojas señaló además presiones directas de Roa y su pareja, Julián Caicedo, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena fuera entregado a la empresa Gaxi, vinculada a Mancera, petición a la cual el entonces presidente de Hocol se negó rotundamente.
Secuencia y gravedad de las amenazas
Tras el inicio formal de las investigaciones, los episodios de acoso se volvieron más severos. Las autoridades disponen de un video fechado el 6 de diciembre de 2024, donde se observa a dos individuos armados interceptar la camioneta de seguridad asignada a Rojas durante la madrugada; al constatar que el exdirectivo no se encontraba en el vehículo, los sujetos se marcharon.
En otro incidente, el exfuncionario recibió una comunicación de un sujeto que se identificó como comandante de un grupo guerrillero, quien confesó haber sido contratado para terminar con su vida. Sumado a esto, en los primeros meses de 2025, Rojas reportó ataques constantes durante las sesiones de mesas directivas, intentos de suplantación de identidad para realizar movimientos de fondos y campañas de desprestigio profesional.
Uno de los hechos más alarmantes consignados en el expediente se refiere a una llamada recibida desde un número localizado en los Países Bajos. A través de una voz distorsionada, se le exigió cesar sus denuncias contra Ricardo Roa y abandonar el país en un lapso de cinco días, bajo la amenaza de asesinarlo a él y a los miembros de su familia.
Rojas reportó estos sucesos al Gaula de la Policía Nacional, calificando el mensaje como una amenaza verídica contra su integridad física. Asimismo, denunció que su seguridad fue vulnerada mediante la intervención de sus comunicaciones y seguimientos efectuados por escoltas de la firma Honor Servicios de Seguridad Ltda. Según su versión, se identificaron filtraciones de sus datos personales y se comprobó que su teléfono móvil estaba enlazado en tiempo real a múltiples dispositivos externos.
Consecuencias personales y respuestas institucionales
En el plano laboral, Rojas manifestó que el entorno hostil promovido por la alta dirección de Ecopetrol, en particular por Juan Carlos Hurtado, vicepresidente de upstream, sumado a la carencia de respaldo corporativo, forzaron su salida. El exejecutivo relató que, al notificar los ataques mediante un correo oficial dirigido a la junta directiva, la respuesta de Hurtado fue de reproche en lugar de apoyo institucional.
En los meses posteriores a su retiro, Rojas detectó que personas vinculadas a Roa habrían destinado más de $300.000.000 para la contratación de investigadores privados con el fin de rastrear su vida privada y la de otros excompañeros. Finalmente, tras su dimisión, diversos técnicos de alto nivel también abandonaron la organización, pese a que, bajo su gestión, se estaban cumpliendo con éxito todos los objetivos empresariales trazados.
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