El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado, que lleva adelante el caso Triple A, suspendió la audiencia de juicio este sábado, 21 de marzo de 2026, y ordenó que la defensa de los procesados se traslade a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
De esa forma el Tribunal Penal respondió a los abogados Ramiro García, defensa de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y Fernando Chávez, defensa de César B., quienes tras la reinstalación de la audiencia a las 08:43, expusieron las dificultades que tienen para mantener contacto con sus clientes en esta etapa del juicio, y reclamaron que no había garantías para las 16 personas naturales y 6 jurídicas procesadas por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
Ambos abogados señalaron ante el Tribunal Pena, liderado por el juez ponente Jorge Sánchez, que en la última semana acudieron la Cárcel del Encuentro, donde está recluidos sus clientes, y no les dieron las facilidades para tener contacto con ellos, ni siquiera se permitió el uso de papel y lápiz, menos el ingreso del expediente .
Luego de dos horas de deliberación, el Tribunal dio a conocer la resolución que, dijeron los jueces, se enmarca en el derecho constitucional de la defensa técnica y eficaz.
Entre las disposiciones del Tribunal, se ordena de forma imperativa al SNAI, y de manera directa al director del Centro de Privación de Libertad Santa Elena No.1, que a partir de este 22 de marzo de 2026, autoricen y brinden todas las facilidades logísticas para que los abogados defensores de los procesados Aquiles Alvarez y César B., junto con su equipo de abogados ingresen, principalmente, a la sala de audiencias telemáticas habilitada dentro del centro penitenciario.
La defensa deberá comparecer a la diligencia conectándose desde el mismo espacio, ubicándose de manera conjunta con los detenidos y respetando las normas de seguridad.
Por el volumen de los cuerpos en esta causa se dispone a las autoridades de seguridad del centro carcelario que permitan el ingreso de los insumos estrictamente necesarios para la correcta defensa de los procesados, y que esto, incluye expedientes físicos, apuntes, plumas, papel y los equipos informáticos pertinentes para el desarrollo de la audiencia, y de esa forma garantizar una comunicación ininterrumpida y privada durante el juicio bajo el cumplimiento de las normas de seguridad penitenciaria.
Con el propósito de que las autoridades penitenciarias puedan coordinar y dar cumplimiento a las autorizaciones, adecuaciones logísticas para el ingreso de la defensa de los procesados, el Tribunal Penal suspendió la audiencia de juicio y se reinstalará este domingo 22 de marzo a las 08:30.
El juez Sánchez también convocó formalmente a las partes para la continuación de esta diligencia los días 30 y 31 de mayo, los días 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de 2026 a partir de las 08:30.
Tras la resolución, García señaló que esperaba que el Tribunal proteja el derecho a la defensa de su cliente y de César B., que se encuentran privados de libertad en Santa Elena, lo cual a su criterio no se ha hecho.
Indicó queen lugar de trasladar a los privados de libertad a donde ellos puedan acceder al expediente y a sus abogados, la solución que ha dado el Tribunal ha sido disponer que los abogados vayan a la cárcel para que los defiendan desde ahí.
Esto, añadió García, muestra que no se ha respetado el derecho a la defensa, y a contar con los medios suficientes para ejercerla.
García dijo que aquí la idea es que los procesados no abandonen la cárcel, pues se trata de mantener las condiciones de privación de libertad en Santa Elena.
Dijo que este domingo estarán en Santa Elena, porque no pueden hacer otra cosa que seguir la dirección del Tribunal. “No estamos en absoluto de acuerdo, porque lo lógico habría sido trasladar a los procesados acá, no encarcelar a los abogados”, apuntó García, quien dijo que irá acompañado de un abogado y que todo el proceso lo llevará en su equipo informático por el volumen del expediente.
Dijo que ya existe una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es por donde van a denunciar el tema.
Fuente: El Universo
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