Tras el avance de las investigaciones judiciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro cuestionó abiertamente los señalamientos previos que pretendían vincular a su administración con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. A través de sus plataformas digitales, el jefe de Estado lanzó una interrogante contundente:
“¿Dónde está la rectificación?”
de aquellos sectores que culparon a su Gobierno por este magnicidio, resaltando que ahora existe una persona que ha confesado su responsabilidad. Estas declaraciones surgieron tras confirmarse la sentencia judicial contra Simeón Pérez Marroquín, identificado con el alias de “El Viejo”, por su participación directa en el atentado contra el senador y entonces candidato presidencial del partido Centro Democrático, perpetrado en agosto de 2025.
La justicia de Colombia estableció el pasado viernes una condena de 22 años y cuatro meses de prisión para Pérez Marroquín. Esta resolución judicial es el resultado de una exhaustiva labor de la Fiscalía, que logró demostrar que el procesado fue la pieza clave en la planificación del ataque. Según el expediente, “El Viejo” no solo estructuró la logística del crimen ocurrido durante un mitin político en Bogotá, sino que también fue el encargado de suministrar el arma con la que se segó la vida del dirigente conservador.
Cargos y rol del sentenciado
El ente acusador detalló que Simeón Pérez Marroquín fue hallado culpable de múltiples delitos graves, entre los que se incluyen:
- Homicidio agravado
- Concierto para delinquir agravado
- Utilización de menores de edad en la comisión de actos delictivos
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones
Las investigaciones judiciales permitieron determinar que el ahora sentenciado fungió como un articulador logístico y facilitador estratégico. Su función principal consistió en servir de puente entre los autores materiales que ejecutaron el disparo y los autores intelectuales que planearon el magnicidio desde las sombras.
Por su parte, el jurista Víctor Mosquera, quien ejerce la representación legal de la familia de Miguel Uribe Turbay, manifestó que este fallo judicial representa
“un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”
. El abogado enfatizó que el rol de Pérez Marroquín fue determinante dentro del entramado criminal, al actuar como el enlace directo con quienes pagaron por la ejecución del homicidio. No obstante, Mosquera advirtió mediante un comunicado que “la verdad judicial aún no está completa”, sugiriendo la implicación de una estructura criminal con niveles de financiación y dirección mucho más complejos que involucran a grupos armados ilegales.
Red de capturas y antecedentes del caso
Esta nueva sentencia se suma a las condenas proferidas a inicios de este mes contra Carlos Mora González y Katherine Martínez, quienes recibieron una pena de 21 años de cárcel por su corresponsabilidad en el asesinato del político. Hasta la fecha, las autoridades han logrado la captura de nueve personas presuntamente vinculadas a este entramado, lo que evidencia la magnitud de la red sicarial bajo escrutinio.
El fatídico suceso del 11 de agosto de 2025 conmocionó a la nación, especialmente al conocerse que el ejecutor material fue un adolescente de apenas 15 años. Este trágico evento evocó las épocas más oscuras de las décadas de los 80 y 90, cuando la violencia sistemática contra líderes políticos desestabilizó la institucionalidad del país. Aunque la Fiscalía ha identificado a los sicarios involucrados, los motivos profundos que impulsaron la planificación del ataque contra el candidato presidencial aún no han sido esclarecidos de forma definitiva.
El proceso legal continúa su marcha, centrándose ahora en rastrear los flujos de dinero y los mecanismos de coordinación que permitieron financiar la operación. Tanto las instituciones de justicia como los voceros de la familia Uribe coinciden en que es imperativo desmantelar la jerarquía completa de la organización. Las pesquisas policiales avanzan para poner rostro a las cabezas intelectuales que movilizaron los recursos para el atentado.
La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo truncó una carrera política en ascenso hacia la presidencia, sino que también reabrió el debate nacional sobre la seguridad de los líderes de oposición y la persistencia de bandas criminales dedicadas al sicariato político. En el ámbito social, el caso ha provocado reacciones transversales, incluyendo la del presidente Petro, quien insiste en que la admisión de culpabilidad de los sentenciados desvirtúa las acusaciones infundadas contra su gestión.
Finalmente, persiste una alta expectativa ciudadana sobre el desenlace de estas investigaciones. El caso de Uribe Turbay se ha convertido en un símbolo de los retos que enfrenta el Estado para garantizar que crímenes contra figuras de alto perfil no queden en la impunidad y para desarticular eficazmente a los grupos de poder ilegal que operan en el territorio nacional.
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