En un tono firme y diplomático, el gobierno de Panamá ha manifestado nuevamente su disconformidad ante la Unión Europea (UE) por el mantenimiento del país dentro del listado de jurisdicciones consideradas como no cooperadoras en asuntos tributarios. Esta postura fue el eje central durante la apertura del Foro Unión Europea–Centroamérica 2026, donde se evidenció el malestar de la administración panameña respecto a estas calificaciones internacionales.
Durante su intervención, el canciller Javier Martínez-Acha Vázquez fue enfático al señalar que el país centroamericano está siendo objeto de una clasificación injusta. El diplomático aseguró que
“Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria”
, una declaración que subraya la intención del Ejecutivo de reposicionar la reputación financiera de la nación frente a los criterios de evaluación aplicados por Bruselas.
El canciller insistió en que el tratamiento que recibe el país no es equitativo, especialmente si se consideran las reformas normativas que Panamá ha ejecutado en los últimos años para alinearse con estándares globales. En un llamado directo a la fraternidad política, Martínez-Acha subrayó:
“La única lista que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos”
.
Situación actual en la lista negra fiscal
De acuerdo con el panorama actual de la Unión Europea, el grupo de territorios señalados como no cooperadores incluye a:
- Panamá
- Samoa Americana
- Anguila
- Guam
- Palau
- Rusia
- Islas Vírgenes estadounidenses
- Vanuatu
- Vietnam
- Turcos y Caicos
Por otro lado, se prevé que naciones como Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago abandonen próximamente este listado.
Desde la perspectiva de la Unión Europea, la implementación de estas listas responde a la necesidad de establecer reglas de sustancia. El bloque argumenta que ciertas jurisdicciones facilitan maniobras para trasladar utilidades o declarar ingresos sin una base de actividad económica real, afectando directamente la base imponible y la recaudación de otros estados miembros.
No obstante, para Panamá, el impacto de estas revisiones constantes trasciende lo técnico, golpeando su reputación internacional y elevando la percepción del riesgo país. Esto ha generado fricciones en el ecosistema de negocios, complicando en diversos niveles la relación con inversionistas europeos.
Estar en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal implica que, aunque no existan sanciones automáticas, los países de la UE pueden aplicar medidas defensivas. Estas se traducen en auditorías más rigurosas, trabas financieras y requisitos adicionales para cualquier operación económica vinculada a territorio panameño.
La Unión Europea sostiene que la permanencia del país se debe a la necesidad de profundizar los compromisos en el intercambio de información fiscal y realizar ajustes específicos en la legislación interna. Sin embargo, para las autoridades panameñas, existe una brecha evidente entre los logros alcanzados y la percepción del bloque europeo.
Defensa de la soberanía y el comercio marítimo
En el marco del foro internacional, Martínez-Acha destacó la relevancia de Panamá como un pilar del comercio global. El funcionario resaltó que el país
“defiende la transparencia del comercio marítimo global, a un costo grande para nuestro tesoro y para nuestra bandera”
, haciendo alusión al robusto registro de buques panameño, el cual es monitoreado bajo estrictos estándares de cumplimiento.
La estrategia diplomática busca proyectar a la nación como un aliado confiable en un entorno geopolítico inestable.
“Somos un aliado fiable para Europa”
, recalcó el canciller, asegurando que el actuar del país siempre se ajusta al derecho internacional, incluso en las circunstancias más desafiantes.
La preocupación en los sectores productivos locales aumenta al confirmarse que Panamá continuaría en la lista negra tributaria según las revisiones más recientes. Este escenario pone en riesgo la competitividad del centro financiero y encarece los costos de transacción para las empresas que operan con el mercado europeo.
Medidas de presión y agenda de cooperación
En un giro más contundente, el presidente José Raúl Mulino ha endurecido la política exterior este año. El mandatario advirtió que, mientras el país sea objeto de lo que considera listas discriminatorias, las compañías europeas quedarán excluidas de participar en licitaciones públicas para contratos estatales en Panamá.
Esta medida busca ejercer una presión tangible sobre el bloque europeo en defensa de la soberanía nacional. Es fundamental aclarar que esta controversia se limita estrictamente al ámbito fiscal. Cabe recordar que Panamá ya logró su salida de la lista sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el año 2025.
Pese a estas tensiones, el Foro Unión Europea–Centroamérica también puso de relieve áreas de colaboración. Se anunció un plan de inversiones por $1,200 millones hasta el 2027 destinado a infraestructura regional, con especial énfasis en energía renovable. No obstante, la postura panameña es clara: la cooperación económica no debe solapar lo que consideran un trato injusto en materia fiscal.
Finalmente, el canciller Martínez-Acha concluyó que el país no busca un trato de favor, sino un reconocimiento real de su papel en el mundo:
“Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones”
, sentenció, posicionando al país como un actor propositivo en la escena global.
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