La alarmante determinación de las disidencias de las Farc de restringir el acceso de misiones humanitarias a las regiones donde ejercen influencia política y militar ha provocado un rechazo contundente a nivel internacional. El grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) fundamentó esta medida alegando supuestas vulneraciones a la confianza y la neutralidad por parte de los organismos externos.
El pasado 18 de marzo de 2026, la comandancia del EMC, liderada por el cabecilla conocido como “Iván Mordisco”, difundió un manifiesto oficial. En dicho documento, se estableció que, a partir de esa fecha, quedaba prohibido el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) y funcionarios de la Defensoría del Pueblo. La única entidad autorizada para transitar, bajo normativas extremadamente rigurosas, es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Ante este escenario, las tres instituciones involucradas coincidieron en que esta decisión subversiva expone a los habitantes de estas zonas a peligros inminentes, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad frente al conflicto armado.
La actual defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al señalar que esta imposición del grupo armado transgrede las normas básicas de convivencia y protección internacional. Según Marín, el bloqueo limita las tareas esenciales de monitoreo que son vitales para resguardar a los civiles que ya padecen constantes abusos.
“vulnera el Derecho Internacional Humanitario” y atenta directamente contra las poblaciones al restringir el acompañamiento y monitoreo necesarios para la protección de los civiles que “ya están expuestos a violaciones de derechos Humanos”
En una comunicación fechada el 19 de marzo, Benedetti aclaró que la administración central brindará todas las garantías de seguridad para que la ONU, la OEA y la Defensoría continúen su despliegue en las regiones afectadas. Con el fin de coordinar acciones inmediatas, se convocó a una sesión de emergencia en la que participó el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, junto a delegados de las instituciones vetadas.
Durante dicha reunión, se hizo un llamado urgente a las facciones armadas para que respeten la movilidad de las instituciones y se ajusten a los estándares de respeto a los derechos de la población no combatiente.
Reacción de los organismos internacionales
La Mapp/OEA emitió un pronunciamiento en el que advierte que las restricciones impuestas por las disidencias de “Iván Mordisco” golpean con mayor dureza a las zonas más remotas del país. Para estos sectores, la vigilancia internacional es la única garantía para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
Representantes de la OEA recordaron que, durante sus 22 años de presencia en Colombia, nunca han utilizado su labor humanitaria para suministrar información que favorezca operativos militares. Afirmaron que el éxito de su mandato se ha basado históricamente en la confianza construida con todos los sectores sociales y actores del conflicto.
A pesar del anuncio intimidatorio del grupo ilegal, la OEA confirmó que no abandonará los territorios y mantendrá su acompañamiento en los lugares donde la población civil lo requiera, persistiendo en su meta de apoyar la consolidación de la paz en la nación.
Simultáneamente, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su profunda preocupación por las amenazas del EMC. El organismo internacional instó a los grupos armados a cumplir estrictamente con sus responsabilidades bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La organización resaltó que cualquier impedimento a la labor de monitoreo debilita las estructuras de protección que estas instituciones han erigido en beneficio de los más afectados por la violencia. “Las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”, enfatizaron en su comunicado oficial.
Es importante recordar que la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Estado Mayor Central se disolvió tras una cadena de actos violentos contra la sociedad civil. Uno de los detonantes fue el asesinato de Carmelina Yule Paví, reconocida lideresa indígena, ocurrido en marzo de 2024. Actualmente, departamentos como Guaviare, Cauca, Valle del Cauca y Nariño sufren las consecuencias de los enfrentamientos por el control territorial y las economías ilícitas.
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