La administración del presidente Donald Trump ha formalizado una demanda legal este viernes en contra de Harvard University. El eje de la acusación se centra en que la prestigiosa institución presuntamente permitió el desarrollo de un “entorno hostil” dirigido hacia los alumnos de origen judío e israelí durante las protestas pro-palestinas registradas en el campus entre los años 2023 y 2025. El gobierno federal argumenta que la universidad no solo actuó con indiferencia, sino que se negó deliberadamente a implementar sus propios reglamentos internos ante actos calificados como antisemitas.
La acción judicial, presentada por el Departamento de Justicia ante un tribunal federal de Boston, detalla incidentes específicos como la ocupación de bibliotecas por parte de manifestantes antiisraelíes durante un periodo superior a veinte días, lo cual representaría una violación directa a las políticas de la universidad. De acuerdo con el documento legal, diversos directivos y docentes de Harvard
“voltearon la mirada ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes”
, llegando incluso al punto en que ciertos profesores habrían suministrado alimentos a quienes participaban en las protestas.
Graves acusaciones de acoso y falta de protección
El Departamento de Justicia enfatiza que la universidad falló en su deber de resguardar a la comunidad estudiantil judía e israelí frente a situaciones de acoso severo, agresiones de tipo físico y la exclusión sistemática de espacios académicos y bibliotecarios. Aunque estos eventos han generado múltiples debates, la postura oficial del gobierno es que la inacción de Harvard comunicó un mensaje de marginación intencionada hacia este grupo de estudiantes.
Esta medida legal se inserta en una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump contra centros de educación superior acusados de tolerar movimientos pro-palestinos tras el inicio del conflicto en la Franja de Gaza. Previamente, en el mes de febrero, el ejecutivo estadounidense inició un proceso similar contra la University of California, Los Angeles (UCLA), bajo premisas parecidas de inseguridad para el personal y alumnado judío e israelí.
Disputa financiera por miles de millones de dólares
En el plano económico, el gobierno federal solicita que la justicia declare a la institución en situación de “incumplimiento sustancial” de sus deberes contractuales. Esto permitiría a la administración suspender el otorgamiento de subvenciones futuras y exigir la restitución de fondos ya desembolsados. Las cifras en disputa son masivas:
- Se reclama la devolución de miles de millones de dólares.
- El presidente Trump ha mencionado públicamente una cifra de 1.000 millones de dólares en concepto de daños.
- Se solicita el nombramiento de un supervisor independiente para vigilar el cumplimiento legal en el campus.
Por su parte, la defensa de Harvard ha manifestado que la universidad
“se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí”
. La institución sostiene que ha implementado medidas concretas, como programas de formación y diálogo civil, para combatir cualquier forma de discriminación, rechazando la etiqueta de “indiferencia deliberada”. Es importante recordar que Harvard ya mantenía un litigio previo contra el gobierno por la retención de 2.600 millones de dólares en subsidios, caso en el que obtuvo un fallo favorable el pasado septiembre, aunque dicha sentencia se encuentra actualmente bajo apelación por parte del Ejecutivo.
Implicaciones legales y figuras clave
El proceso legal ha sido asignado al juez Richard G. Stearns, quien es exalumno de la Facultad de Derecho de Harvard. Paralelamente, la jueza Allison D. Burroughs supervisa el caso relacionado con la financiación que aún espera resolución definitiva. Sobre este tema, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha sido enfático al señalar que las universidades que reciben financiamiento público tienen la responsabilidad ineludible de proteger los derechos civiles, afirmando que el antisemitismo no tiene cabida en instituciones costeadas por los ciudadanos.
En el último año, el vínculo entre la administración Trump y Harvard se ha erosionado profundamente, marcando una serie de confrontaciones tanto en el ámbito judicial como en el debate público respecto al manejo de las manifestaciones vinculadas a la situación en Gaza y el destino de los fondos federales.
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