Dentro del proceso de fiscalización sobre las actuaciones de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, así como de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas, en relación a los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al concejal metropolitano Michael Aulestia.
Durante su comparecencia, Aulestia explicó que, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, identificó inconsistencias en el proceso de importación de las unidades, particularmente en los valores declarados por concepto de flete, que ascienden a más de 2,3 millones de dólares para 59 trolebuses, considerando que una unidad llegó antes a Quito como prototipo. Además, señaló que existieron dificultades en la liberación de las unidades en aduana debido a requerimientos documentales.
Informó que, junto con otros concejales, solicitó al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) la realización de un control posterior del proceso, al considerar que la adquisición no se enmarca en el régimen especial previsto en la ley, ya que no corresponde a bienes estratégicos de salud, ni cuenta con financiamiento internacional. Según indicó, la respuesta del SERCOP confirmó que, al no cumplirse estas condiciones legales, debía aplicarse el régimen ordinario de contratación pública.
El concejal advirtió que el convenio suscrito entre el Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) evidenciaría una presunta triangulación en la contratación, lo que habría derivado en un sobreprecio aproximado de 55 mil dólares por cada unidad, generando un perjuicio estimado de más de 2,5 millones de dólares para la ciudad.
Asimismo, recordó que el 8 de abril de 2025 se solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso, cuyo informe, emitido en diciembre del mismo año, determinó responsabilidades y observó que se omitieron procedimientos de contratación pública nacional, afectando los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Para concluir, Aulestia enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre este tipo de convenios internacionales y alertó sobre posibles casos similares en el municipio, exhortando a la mesa legislativa a profundizar la fiscalización para garantizar la transparencia en la contratación pública.
MEV