En el marco del tratamiento y previo a la construcción del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a representantes de entidades públicas y del sector privado, quienes aportaron con criterios técnicos y observaciones para fortalecer la normativa.
Cecilia Valdivia, coordinadora general técnica de Producción Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), advirtió que el déficit habitacional en el Ecuador es una problemática persistente y en crecimiento, evidenciada en los censos nacionales, que en 2022 registraron más de 2,3 millones de viviendas en esta condición, de las cuales más de 727 mil son irrecuperables y no cumplen estándares mínimos de habitabilidad.
recisó que la metodología nacional clasifica las viviendas según sus condiciones físicas y materiales, distinguiendo entre déficit cuantitativo y cualitativo, lo que permite focalizar políticas públicas; en este contexto, subrayó la necesidad de colocar la vivienda en el centro de la acción estatal, priorizando los derechos humanos y el desarrollo urbano sostenible.
Por su parte, Mariana Quispillo, subsecretaria general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), informó que el monitoreo permanente en territorio, permite registrar y actualizar de forma continua las afectaciones por eventos adversos, especialmente durante la temporada invernal.
Detalló el incremento acelerado de viviendas impactadas, que pasaron de 7.494 afectadas y 60 destruidas a más de 17.000 afectadas y cerca de 100 destruidas en los registros más recientes. Señaló que esta información se levanta mediante evaluaciones técnicas aplicadas por los GAD cantonales, que clasifican las viviendas según su nivel de afectación y permiten activar mecanismos de atención y apoyo para las familias damnificadas, en coordinación con las entidades competentes.
Desde el sector privado, Paulina Viteri, en representación de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE), destacó que el proyecto de ley orientado a reducir el déficit habitacional y dinamizar la inversión requiere un elemento clave para su éxito: la certeza en la aplicación de los incentivos. Advirtió que, aunque el control fiscal es necesario, la evaluación anual del incentivo podría generar incertidumbre en un sector caracterizado por inversiones de largo plazo, lo que desincentivaría la participación.
Recalcó que la normativa ya establece límites claros temporales y cuantitativos que contienen el impacto fiscal, por lo que introducir revisiones adicionales resulta contradictorio. Asimismo, planteó ajustes operativos para mejorar la eficiencia del modelo, como garantizar exoneraciones en transferencias por donación, permitir transacciones directas entre donante y beneficiario, y evitar retrasos reglamentarios. Dijo que la credibilidad, estabilidad y claridad normativa son determinantes para atraer inversión y lograr un impacto social efectivo en el acceso a vivienda.
Finalmente, Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, destacó que el proyecto de ley es altamente beneficioso para reactivar el sector de la construcción, cuya participación en el PIB ha disminuido significativamente en la última década, y subrayó que su fortalecimiento permitirá generar más empleo y dinamizar la economía.
No obstante, planteó observaciones para mejorar su viabilidad, como corregir el uso de avalúos catastrales en el cálculo de incentivos, incluir la elaboración de un reglamento, ampliar el plazo de aplicación hasta 2031 para dar mayor certeza a la inversión, y crear mecanismos como un fideicomiso que facilite la participación de más contribuyentes en la adquisición de vivienda de interés social.
Unificación de proyectos
En otro punto del orden del día, la Comisión resolvió unificar el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Defensa del Artesano para la Inclusión Productiva de las Personas Ecuatorianas Migrantes Retornadas, presentado por el asambleísta Gustavo Mateus, con el Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Fomento Artesanal, con el objetivo de optimizar su tratamiento legislativo.
MEV