El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) activó una nueva fase en el proceso para completar el Consejo de la Judicatura. En su sesión de este 18 de marzo de 2026, el Pleno resolvió trasladar a la comisión técnica los expedientes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), paso previo a la selección de un vocal principal y su respectivo suplente para lo que resta del periodo.
La terna está conformada por:
- Mercedes Caicedo Aldaz, jueza de la Corte Nacional
- Óscar Chamorro González, magistrado de la Corte Provincial de Pichincha
- María Fernanda Morejón Villavicencio, funcionaria de la Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos (Dinardap).
Sobre estos perfiles recaerá la decisión de reemplazar al exvocal y expresidente del organismo, Mario Godoy. Él dejó el cargo el 18 de febrero de 2026, pocas horas antes de enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional que terminó con su censura y destitución por “manifiesta inoperancia”.
El proceso también busca cubrir la vacante del vocal suplente, tras la inhabilitación de Alexandra Villacís —quien ocupaba ese rol— debido a un impedimento registrado en el sistema del Ministerio del Trabajo que le impide ejercer funciones públicas. Mientras se concreta la designación, Damián Larco Guamán se mantiene al frente de la Judicatura como presidente encargado.
Revisión técnica y promesas de transparencia
Con la recepción de los expedientes, la comisión técnica deberá verificar la admisibilidad de los postulantes dentro de los plazos establecidos. Este filtro incluye la notificación a los actores involucrados y la publicación de la información.
Desde el Cpccs se insiste en que el procedimiento se apega a la normativa vigente. Sin embargo, la sucesión de hechos —renuncias estratégicas e inhabilitaciones administrativas— vuelve a poner bajo la lupa la estabilidad institucional y la independencia en la designación de autoridades judiciales.
Veeduría ciudadana: control formal en un proceso bajo lupa
En paralelo, el pleno dispuso la activación de la veeduría ciudadana que observará el proceso de selección. Para ello, la Subcoordinación Nacional de Control Social deberá emitir las credenciales a los nuevos veedores acreditados. Ellos tendrán la responsabilidad de vigilar la transparencia en la designación de los vocales provenientes de la CNJ.
Además, junto con la Coordinación General de Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano, se encargará de publicar en la página web institucional la nómina de los veedores y el detalle de las credenciales emitidas, como parte de los mecanismos de acceso a la información.
La presidenta encargada del Cpccs, Jazmín Enríquez, presentó ante el pleno el informe del proceso de inducción, acreditación y elección de la coordinación de la denominada rectoría ciudadana, instancia que estará a cargo del seguimiento al proceso. Esta fase cumple con los requisitos previstos en la normativa para la conformación de veedurías, incluyendo la capacitación de sus integrantes y la organización interna.
La resolución aprobada contempla, además de la emisión de credenciales, la publicación de la nómina de los veedores y la notificación a los actores involucrados. Según Enríquez, estas acciones permitirán que la veeduría ejerza su función de vigilancia en condiciones adecuadas, aportando a la legitimidad y confianza en un proceso clave.