La Procuraduría General de la Nación, a través de una resolución emitida en primera instancia, determinó la sanción de suspensión e inhabilidad especial por un término de 12 meses contra Francisco Melo Rodríguez, quien ejerció como superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024. Esta determinación administrativa también vincula a otros tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Ante la notificación de este fallo, la actual superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, utilizó sus canales oficiales en la red social X para manifestar su rotundo respaldo al equipo sancionado y expresar su desacuerdo con la postura del Ministerio Público.
“Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica”, señaló Rusinque.
Tras estas declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, intervino en el debate público a través de su cuenta de X, donde ratificó su postura crítica frente al actuar de la Procuraduría. El mandatario calificó de “persecución” la medida contra los 16 implicados que lideraron la investigación en la SIC, vinculando este proceso con las denuncias previas sobre la firma Thomas Greg & Sons y un presunto fraude electoral.
“Después de criticar el que me haya pronunciado por el fraude demostrado por la justicia del papel de la firma Thomas Greg and Sons por su papel monopólico de la data de los colombianos, la Procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación. La investigación debe continuar”, manifestó el jefe de Estado.
En una intervención adicional, el presidente Petro sostuvo que el fallo del órgano de control representa una afectación directa a la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Según su visión, este tipo de decisiones vulneran la capacidad técnica de la institución para vigilar el mercado.
“Lu autonomía para investigar en las prácticas contra la libre competencia, y el abuso con los datos de la ciudadanía, se rompe con la libertad del presidente de nombrar al superintendente con mentiras sobre las condiciones de la Ocde para dichos cargos”, afirmó el mandatario.
Asimismo, Gustavo Petro subrayó que las labores desempeñadas por los superintendentes delegados forman parte de las prerrogativas que la Constitución Política de Colombia le otorga a la figura presidencial.
“Las funciones de las superintendencias son funciones constitucionales del presidente”, aseveró.
Fundamentos de la decisión de la Procuraduría
La Procuraduría General basó su sanción en el hallazgo de un grupo de trabajo, coordinado por un delegado del superintendente, que presuntamente se autodenominaba como “El Despacho”. Según el ente de control, este equipo exigió acceso a dispositivos móviles, tanto personales como institucionales, con el fin de recolectar información privada bajo el argumento de investigar procesos de contratación estatal. El Ministerio Público calificó este accionar como un exceso en las facultades legales de los funcionarios.
El informe técnico advierte que estas maniobras pudieron comprometer la reserva legal de la información, involucrando datos sensibles sobre extradiciones, solicitudes de refugio y la elaboración de espejos forenses (copias idénticas de contenidos digitales).
La investigación disciplinaria señala que el objetivo real de las diligencias no coincidía con las quejas originales, las cuales buscaban esclarecer posibles irregularidades en los contratos de Thomas Greg & Sons vinculados a la producción de pasaportes y cédulas.
Para la autoridad de control, el ingreso a bases de datos que contenían procesos judiciales, historiales clínicos y censos electorales vulneró derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data. Estas acciones se habrían ejecutado pese a que el propósito comunicado oficialmente para las visitas era, supuestamente, la protección de la libre competencia. Finalmente, la Procuraduría alertó que estas conductas afectan negativamente la calidad del servicio público y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
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