De acuerdo con informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las agrupaciones delictivas en México han perfeccionado el uso de aeronaves no tripuladas para el transporte exacto de sustancias ilícitas. El reporte detalla que estas organizaciones han pasado de emplear drones comerciales a desarrollar dispositivos modificados según sus requerimientos tácticos.
Los registros iniciales de esta práctica en territorio mexicano se remontan al año 2010. Posteriormente, entre 2012 y 2014, las instituciones de seguridad en Estados Unidos detectaron los primeros cruces de drones desde la frontera sur. En aquel entonces, se trataba de equipos de uso común con limitaciones en su autonomía y capacidad de carga. No obstante, la evolución tecnológica ha permitido a los cárteles implementar drones fabricados a medida, los cuales poseen una potencia de traslado superior y sistemas de navegación programables para alcanzar puntos de aterrizaje específicos.
La utilización de estas herramientas tecnológicas se concentra principalmente en sectores fronterizos y centros de privación de libertad, donde se facilita la entrega de narcóticos evitando la interacción física entre los implicados. La JIFE resalta que esta tendencia ha cobrado fuerza por el auge de las drogas sintéticas, tales como el fentanilo y las metanfetaminas. Debido al ligero peso de estos productos, los aparatos pueden movilizar cargamentos significativos sin la necesidad de emplear unidades de gran envergadura.
Incremento en las incautaciones: 85 unidades en un solo año
En lo que respecta a las acciones de contención, datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) revelan que entre los años 2019 y 2025 se logró el decomiso de un total de 134 drones vinculados a delitos. Se destaca un repunte drástico en el año 2025, cuando las autoridades aseguraron 85 de estos equipos. Esta estadística demuestra un crecimiento acelerado en la identificación y captura de estos dispositivos en comparación con periodos anteriores.
La repercusión de este fenómeno ha trascendido las fronteras nacionales. El pasado 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos determinó clausurar provisionalmente las operaciones aéreas en las inmediaciones del aeropuerto de El Paso, en Texas. Esta medida de seguridad fue provocada por el avistamiento de drones presuntamente operados por cárteles mexicanos. Aunque la restricción se levantó pocas horas después, el suceso puso de manifiesto el alcance de estas naves en las franjas limítrofes.
El organismo internacional aclara que el empleo de tecnología de vuelo no tripulado para el tráfico de estupefacientes no es una problemática exclusiva de México. Se han recolectado evidencias de actividades similares en Colombia, Estados Unidos, Asia y Europa, enfocándose primordialmente en el movimiento transfronterizo de sustancias sintéticas.
Las estadísticas de incautaciones en el país sirven para ilustrar la evolución de este método y la escala que ha tomado el problema en los últimos ciclos, de acuerdo con los reportes gubernamentales oficiales.
El historial de intervenciones confirma que la utilización de aeronaves por parte de las redes criminales se ha establecido como una estrategia en plena expansión. Estos grupos cuentan ahora con herramientas cada vez más avanzadas, lo que se refleja en la notable subida de las detecciones por parte de las fuerzas del orden.
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