En calidad de testigo dentro de la investigación por el caso Sueños Compartidos, el exmandatario Mauricio Macri compareció este miércoles ante la justicia. En su intervención, denunció que Alberto Fernández, durante su gestión inicial como jefe de Gobierno porteño, ejerció presión sobre él para que se agilizaran las transferencias de recursos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La comparecencia del expresidente se llevó a cabo ante el Tribunal Oral Federal N° 5, en los tribunales de Comodoro Py. En este proceso se juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, así como a los hermanos Sergio y Pablo Schocklender y otros antiguos funcionarios estatales. Se les procesa por el supuesto delito de administración fraudulenta vinculado a un programa de construcción de viviendas sociales.
Bajo el juramento de decir la verdad, Macri atendió cada una de las interrogantes planteadas durante una audiencia que se prolongó por aproximadamente 20 minutos.
Sobre el inicio de su mandato en la Ciudad, el testigo relató:
“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”
. En aquel periodo, quien luego sería su sucesor en la presidencia ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de ministros bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Es importante señalar que los certificados mencionados por Macri funcionan como constancias del progreso físico de las construcciones, requisito indispensable para que se autoricen nuevos desembolsos de capital estatal.
El exjefe de Estado continuó su relato mencionando que Esteban Bullrich, quien en ese entonces lideraba el ministerio de Acción Social de la ciudad, le advirtió sobre la imposibilidad de continuar con las transferencias. Según Macri, Bullrich le comunicó que la organización
“habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”
.
El vínculo con la mencionada Fundación fue definido por el testigo como “bastante traumático”. Macri sostuvo que existían constantes inconvenientes en el cumplimiento de las cláusulas contractuales para finalizar las obras contempladas en el plan Sueños Compartidos.
Asimismo, recordó que las edificaciones de este proyecto habitacional se localizaban en un terreno contiguo al barrio Los Piletones, sector donde opera la Fundación Margarita Barrientos.
Durante su declaración, también trajo a colación un incidente protagonizado por Hebe de Bonafini. Según el relato de Macri, la dirigente y otras integrantes
“fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre”
. Explicó que, pese a estos sucesos, Bullrich mantuvo su postura de no realizar los pagos, una controversia que posteriormente fue gestionada por la entonces ministra María Eugenia Vidal.
Al concluir su paso por el tribunal, Mauricio Macri abandonó el recinto de Comodoro Py por el acceso del subsuelo. Se retiró en su vehículo particular escoltado por su seguridad personal, limitándose a saludar por la ventanilla sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes.
Detalles del expediente judicial
El juicio central de Sueños Compartidos busca esclarecer si entre los años 2005 y 2011 se produjo un desvío de fondos públicos que supera los 206 millones de pesos, dinero originalmente destinado a soluciones habitacionales de interés social.
Dicha cifra representa cerca del 23% de los 748 millones de pesos que fueron transferidos por la Secretaría de Obras Públicas, entonces dependiente del Ministerio de Planificación Federal. En esa época, la secretaría estaba bajo el mando de José López, quien figura como uno de los principales implicados en la causa.
La hipótesis acusatoria, liderada por el fiscal general Diego Velasco, sugiere que los contratos para las obras fueron entregados de manera directa y bajo procedimientos irregulares a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Junto a los nombres principales, también enfrentan juicio el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; Daniel Nasif, exdirector del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero; Silvia Nasif, exfuncionaria de dicha provincia; y los exmiembros de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano.
Esta semana se dio inicio a la etapa de declaraciones testimoniales. La Fiscalía ha solicitado la presencia de 92 testigos, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, citó a 17 personas. Por su parte, la defensa de los Schoklender ha requerido el testimonio de otros 120 individuos.
Se ha confirmado que varios testigos de alto perfil presentarán sus declaraciones por escrito, entre ellos el diputado Miguel Ángel Pichetto y los actuales senadores y exgobernadores Jorge Milton Capitanich y Gerardo Zamora.
Finalmente, se espera que Sergio Massa declare el próximo 25 de marzo sobre su rol como intendente de Tigre ante el tribunal conformado por la presidenta Adriana Palliotti y los magistrados Adrián Grünberg y Daniel Obligado.
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