El Pleno de la Asamblea Nacional, con 88 votos afirmativos, aprobó el informe no vinculante remitido por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, sobre los hechos y las razones que conllevaron al cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., el cual será enviado a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
Al respecto, el legislador Adrián Castro recordó las razones por las que quebró la cooperativa, que agrupaba a exsocios de la zona sur del país y migrantes. Resaltó que se propone continuar el seguimiento por parte de la Comisión de Régimen Económico hasta que todos los afectados hayan recuperado su dinero. Si bien más del 90 % de los depositantes ha recibido sus recursos, todavía faltan 200 personas, aseguró.
Entre los hallazgos, Castro señaló que la cartera de crédito fue otorgada con facturas y documentos adulterados; predios en garantía inexistentes; pagos no acordes a la realidad; y mala colocación de créditos, entre otros.
En el proceso de fiscalización, la comisión realizó un análisis técnico y legal de las comparecencias de los involucrados, así como de la información remitida por estos, por los asambleístas que aportaron al proceso y por los propios afectados.
En el debate, el asambleísta Roque Ordóñez se refirió al cierre forzoso de la cooperativa de ahorro y crédito, que afectó a más de 70 mil cuentahorristas. En este contexto, pidió que se incorporen recomendaciones sobre las responsabilidades políticas.
Por su parte, María del Cisne Molina recordó la existencia de una cartera improductiva de 27,56 millones de dólares, 144 hallazgos de riesgo operativo y 75 de riesgo crediticio, así como créditos con garantías falsas y pagos sin respaldo. Añadió que la institución presentaba problemas desde el año 2021. Al debate se unieron los legisladores Gerardo Machado y Nathaly Farinango, quienes subrayaron su respaldo a los exsocios.
El informe determinó que la cooperativa mantuvo una administración corporativa deficiente, lo que derivó en la remoción de sus administradores y expuso a la entidad a sanciones.
Por ello, entre las diez recomendaciones, se insta a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a impulsar los procesos judiciales que, en su momento, fueron iniciados en contra de los exadministradores de la entidad.
Asimismo, se requiere a dicha Superintendencia que establezca un canal oficial, directo, coordinado y permanente de comunicación entre las instituciones relacionadas con el caso y los afectados por el cierre y la liquidación forzosa de la cooperativa.
El seguimiento de este informe estará a cargo de la Comisión de Régimen Económico y Tributario hasta que se complete la devolución de los fondos a sus socios y se cancelen las obligaciones con sus extrabajadores.
AM