La salud pública a nivel global enfrenta un reto que supera las fronteras geográficas y las capacidades financieras: establecer mecanismos para asegurar que, ante una futura crisis sanitaria, la obtención de vacunas y medicinas no sea una cuestión de suerte geográfica o de poder adquisitivo nacional. El diálogo internacional vigente cuestiona el concepto de equidad, impulsado por las lecciones de la última pandemia que obligan a decidir si la protección de la vida será un beneficio exclusivo o una obligación colectiva.
En las próximas semanas, la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) será el escenario de nuevas negociaciones para definir las normativas que regirán el acceso a herramientas de diagnóstico, inmunización y tratamiento en escenarios pandémicos. El núcleo del debate consiste en establecer cómo distribuir estos recursos de forma justa y prevenir que se repitan las brechas de desigualdad de la crisis del COVID-19, periodo en el que las naciones con mayores recursos monopolizaron los insumos iniciales.
Un punto crítico en la agenda internacional es el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), el cual forma parte esencial del Acuerdo sobre Pandemias ratificado en mayo de 2025. Según los lineamientos del organismo, este sistema busca que aquellas naciones que proporcionen muestras de patógenos y datos científicos obtengan a cambio una compensación proporcional en beneficios, tales como el acceso a nuevos fármacos o vacunas.
En la actualidad, una coalición de más de 80 países en vías de desarrollo demanda la implementación de contratos estandarizados y obligatorios para gestionar el uso de información genética y muestras con potencial epidémico. De acuerdo con la AIDS Healthcare Foundation (AHF), estos acuerdos deben contemplar cláusulas estrictas sobre transferencia tecnológica, cooperación en ciencia, reparto de beneficios y acceso igualitario a suministros médicos. No obstante, la organización ha señalado que la Unión Europea estaría obstaculizando la adopción de compromisos legales vinculantes en materia de justicia distributiva.
Al respecto, el Director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe, Francisco Rubio, manifestó lo siguiente:
“Durante el COVID vimos cómo los países con más recursos aseguraban vacunas y tecnología médica mientras millones de personas en regiones como América Latina esperaban acceso a herramientas básicas para salvar vidas. La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías; requiere compromisos claros”
Existen diversos esfuerzos colaborativos que buscan mitigar estas brechas. Por ejemplo, AHF Argentina y la Fundación Huésped han formalizado recientemente una alianza estratégica para fortalecer la salud sexual integral, así como la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el territorio argentino.
La gestión de patologías como el VIH demuestra que, además de la distribución física de insumos, el ecosistema sanitario requiere de información fidedigna. Recientemente, la difusión de noticias falsas sobre las vías de contagio del VIH puso en evidencia cómo la desinformación en plataformas digitales puede entorpecer las estrategias de prevención y fomentar el estigma hacia los pacientes.
El año anterior, se viralizó una información falsa que aseguraba que un menor de 10 años en Barbados se había infectado de VIH tras ingerir una fruta contaminada con sangre. Este reporte fue desmentido categóricamente por especialistas y por la AIDS Healthcare Foundation, subrayando que dicha afirmación carece de sustento científico alguno.
Sobre la importancia de la veracidad informativa, Fernando Ariel García Terrón, quien dirige el Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe, señaló:
“Nuestro compromiso es brindar información certera, sustentada en la evidencia científica, para educar a la población y evitar una pandemia de desinformación”
Necesidad de garantías para una distribución justa en emergencias
Reportes de AHF indican que, durante los diálogos en la OMS, la Unión Europea planteó una propuesta para liberar solamente el 20% de la producción global de suministros médicos durante una pandemia. Según la postura europea, de esa cifra, solo la mitad (el 10% del total) se entregaría como donación garantizada, mientras que el porcentaje restante quedaría sujeto a transacciones comerciales directas entre los fabricantes y los Estados.
Esta proposición ha despertado alarmas entre las naciones del sur global, que temen la consolidación de una “fila preferencial” para obtener vacunas. En este escenario, los países con economías robustas tendrían la primicia para comprar el grueso de la producción, dejando a las demás regiones en una situación de vulnerabilidad, según detalló AHF.
La crisis del COVID-19 desnudó las fallas estructurales en el reparto de insumos. Aunque iniciativas como COVAX, coordinada por la OMS y la alianza GAVI, lograron enviar cerca de 2.000 millones de dosis a 146 economías, la cobertura resultó ser profundamente dispar. Mientras las naciones desarrolladas acaparaban los suministros iniciales, zonas como América Latina y el Caribe sufrieron demoras críticas en la recepción de elementos de protección básicos.
Hacia el año 2021, la región latinoamericana representaba apenas el 8% de la población mundial, pero tristemente acumuló cerca del 30% de las muertes totales por COVID-19, de acuerdo con las estadísticas de AHF.
Esta brecha se confirmó en los procesos de compra. Investigaciones de la revista The Lancet revelaron que los países de altos ingresos, con solo el 16% de los habitantes del planeta, lograron controlar al menos el 70% de las vacunas disponibles durante aquel año, postergando la inmunización de la gran mayoría de la población global.
Expertos calculan que se pudieron haber evitado más de 1 millón de fallecimientos en 2021 si la distribución de biológicos hubiera seguido criterios de equidad. Estos antecedentes son los pilares de las exigencias actuales, bajo la premisa de que sin equidad real, no podrá existir un acuerdo global.
La sociedad civil y los organismos de salud pública han presentado demandas específicas ante la Unión Europea para romper este ciclo de desigualdad. Se proponen contratos vinculantes que obliguen a los desarrolladores comerciales a participar en sistemas de reparto, otorgando licencias no exclusivas a productores en países en desarrollo durante las crisis y realizando aportes financieros anuales. Asimismo, se solicita mayor transparencia y trazabilidad sobre quién accede a los datos de patógenos.
La inclusión activa de la sociedad civil es fundamental en este proceso. Las organizaciones recalcan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas para proteger la soberanía sanitaria de los países de medianos y bajos ingresos, advirtiendo que un acuerdo débil solo servirá para repetir los errores del pasado y limitar la capacidad de respuesta regional.
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