La tensa situación política en España respecto a la gestión de flujos migratorios alcanzó un punto crítico en el Parlamento. El debate se reavivó al recordar que la reciente propuesta para la regularización de extranjeros cuenta con el respaldo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la cual ha sido impulsada por cientos de miles de ciudadanos, organizaciones sindicales, agrupaciones de migrantes y entidades empresariales. Aunque inicialmente el Partido Popular (PP) facilitó la tramitación de esta iniciativa, su postura ha experimentado un giro radical en los últimos dos años; una transformación que, desde las filas del PSOE, se interpreta como una respuesta a la pugna ideológica con Vox.
Este miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados ratificó una moción, liderada por el PP, que solicita formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez desistir del proceso de regularización extraordinaria. La votación se saldó con 176 votos a favor, provenientes de una alianza entre el PP, Vox, Junts y UPN, superando los 172 votos en contra del PSOE y sus aliados gubernamentales. El documento aprobado no solo exige detener la regularización, sino que insta a la aplicación inmediata de las órdenes de retorno, la renegociación de tratados migratorios con terceros países y la expulsión garantizada de extranjeros con antecedentes por delitos graves o reincidencia.
Visiones enfrentadas: El ‘efecto expulsión’ contra la ‘irresponsabilidad’
Durante la sesión parlamentaria, la legisladora socialista Elisa Garrido puso el foco en el panorama geopolítico, mencionando que las crisis en Irán y Siria incrementarán inevitablemente la llegada de refugiados a las fronteras de Europa. Garrido sostuvo con firmeza que
“lo que existe con la migración es un efecto expulsión”
, vinculando estos movimientos a decisiones de política exterior tomadas durante la gestión de Donald Trump. La diputada rechazó tajantemente el concepto de “regularización masiva”, acusando al PP de usar este término para polarizar a la sociedad, y defendió que el proceso actual nace de la voluntad ciudadana y respeta las normativas de la Unión Europea.
En la otra orilla del debate, la representante del PP, Sofía Acedo, justificó la moción calificando el plan gubernamental como una acción
“improvisada, profundamente irresponsable y sin garantías”
. Acedo reprochó la falta de estudios sobre el impacto económico y la carencia de filtros de seguridad para excluir a individuos con antecedentes penales. La diputada lanzó una advertencia directa:
“Los españoles no vamos a aceptar que ustedes por conveniencia política regularicen a miles de delincuentes en nuestro país”
. Según las cifras citadas por Acedo basadas en informes policiales, esta medida podría afectar a cerca de 1,3 millones de personas, considerando efectos como la reagrupación familiar.
Las condiciones de los bloques políticos
El apoyo a la moción del PP no fue unánime en sus matices. El partido Junts intentó introducir enmiendas que exigían un análisis pormenorizado del impacto de la medida y el traspaso de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Josep María Cervera, portavoz de dicha formación, subrayó que cualquier regularización debe ser evaluada exhaustivamente para comprender sus efectos en los ámbitos estatal y autonómico.
Por su parte, Vox buscó endurecer aún más el texto mediante enmiendas que planteaban la derogación del Reglamento de Extranjería y la incentivación de la reemigración para extranjeros dependientes de ayudas públicas. El portavoz Ignacio Gil fue enfático al acusar al Gobierno de fomentar una “invasión migratoria” que, según sus palabras, compromete el acceso a la vivienda, el sistema sanitario y la estabilidad de las finanzas públicas.
Defensa de los derechos y realidad social
Desde los sectores que se opusieron a la moción, Noemí Santana, de Podemos, reivindicó la dignidad de quienes ya están integrados en la economía nacional, afirmando que
“es injusto llamar irresponsabilidad a regularizar personas”
que ya viven y trabajan en el país. En una línea similar, Vicenç Vidal de Sumar recordó que España tiene una larga trayectoria de procesos de regularización exitosos y enfatizó que ignorar esta iniciativa es dar la espalda a las 600.000 personas que firmaron la ILP.
En el ámbito de las fuerzas nacionalistas, se escucharon las siguientes posturas:
- Jordi Salvador I Duch (ERC): Describió la irregularidad como una
“categoría administrativa que fabrica miseria”
ante la falta de mano de obra en el país.
- Jon Iñarritu (EH Bildu): Defendió las regularizaciones como un mecanismo lógico para organizar una realidad social preexistente.
- Maribel Vaquero (PNV): Aunque reconoció que la migración es clave para el reto demográfico, abogó por una gestión estructural en lugar de parches puntuales.
- Àgueda Micó (Compromís): Centró su argumento en que el objetivo primordial es el reconocimiento de los derechos humanos de los residentes extranjeros.
Finalmente, la resolución aprobada por la mayoría absoluta de 176 diputados deja al Gobierno en una posición comprometida, exigiéndole reforzar el control de fronteras y detener cualquier intento de regularización masiva, en un escenario donde la polarización política sigue dictando el rumbo de las políticas públicas migratorias.
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