La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha manifestado este lunes una exigencia formal para que se difunda de manera inmediata el listado pormenorizado con las identidades de los prisioneros políticos que han obtenido su libertad en Venezuela. Este reclamo surge después de que Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, revelara que las autoridades venezolanas no han entregado dicha información detallada a su oficina.
A través de un pronunciamiento en la plataforma X, la entidad defensora de los derechos humanos enfatizó la urgencia de dotar de transparencia a este proceso de excarcelaciones. La organización subrayó la importancia de que el Estado cumpla con esta obligación informativa:
“También exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas arbitrariamente y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones”
Para el OVP, la ausencia de un registro que sea “público y verificable” solo contribuye a que el proceso de liberación de detenidos se mantenga en una situación de opacidad.
Previamente, Volker Türk había puntualizado que su despacho no recibió por parte de las instituciones de Venezuela un informe oficial con los nombres de los encarcelados políticos que fueron liberados tras los incidentes políticos ocurridos a inicios de este año y la detención de Nicolás Maduro. El funcionario internacional también denunció que su organismo no contó con acceso libre a los establecimientos penitenciarios, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Türk detalló que estas gestiones no han rendido frutos hasta el momento, por lo cual hizo un llamado a clarificar la situación jurídica de quienes han sido puestos en libertad.
Con el establecimiento del Gobierno encargado liderado por Delcy Rodríguez, se comunicó el inicio de un plan de excarcelaciones para un “número importante” de individuos. En este contexto, se implementó una ley de amnistía que derivó en la concesión de 7.727 libertades plenas. No obstante, las estadísticas reflejan que la inmensa mayoría de estos beneficiarios ya se encontraban fuera de las celdas bajo medidas cautelares, mientras que solamente 253 personas se encontraban efectivamente tras las rejas al momento de recibir el beneficio.
Dentro de su balance, Türk calificó como un punto favorable el haber sostenido encuentros con altos representantes del Estado venezolano, quienes consintieron en retomar la entrega de visados para el equipo de la ONU, lo que facilitará que los funcionarios internacionales vuelvan a operar dentro del territorio nacional.
Es importante recordar que los delegados de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían sido expulsados de la nación en febrero de 2024. Dicha medida fue tomada por el Ejecutivo luego de que el alto comisionado expresara su alarma ante la posible desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. La activista recuperó su libertad poco después de la captura de Maduro, tras haber estado recluida por un periodo cercano a los dos años.
Como contraparte, la administración de Venezuela arremetió este lunes contra Volker Türk, acusándolo de poseer un “sesgo inmoral” y de actuar meramente como un difusor de informaciones falsas tras conocerse sus observaciones sobre la situación de los derechos fundamentales en el país.
Foro Penal solicita designación de autoridades independientes en el Poder Ciudadano
Simultáneamente, la ONG Foro Penal, entidad que lidera el acompañamiento jurídico de los perseguidos políticos en Venezuela, hizo un llamado para que las nuevas autoridades de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo posean un perfil de independencia profesional que permita restaurar la confianza en estas instituciones.
La petición de la organización se produce tras las renuncias de quienes encabezaban dichos despachos y la posterior ocupación de los cargos por funcionarios interinos con vínculos directos con el chavismo.
Alfredo Romero, quien se desempeña como director presidente de Foro Penal, sostuvo que, pese a la “profunda crisis institucional” que afecta al país, la amnistía dictada en febrero representa una vía para la reconstrucción de las instituciones. Esto resulta fundamental para renovar la Fiscalía y la Defensoría, entes que, según la ONG, han operado anteriormente como “instrumentos de persecución política”.
“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, declaró Romero durante un encuentro con los medios de comunicación.
El abogado recalcó que la Fiscalía General posee “el monopolio de la acción penal”, lo que le otorga la potestad legal para clausurar o archivar expedientes que no fueron contemplados en la ley de amnistía, además de la capacidad para iniciar procesos contra quienes hayan vulnerado los derechos humanos.
Por otro lado, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la misma organización, insistió en que la nación urge de un Ministerio Público que sea capaz de “investigar con independencia” y que se desmarque de la sumisión ante directrices políticas. Asimismo, demandó una Defensoría del Pueblo que actúe como un “contrapeso incómodo” para quienes ostentan el poder, garantizando así la protección real de los ciudadanos.
Himiob concluyó advirtiendo que la elección del nuevo fiscal y defensor será una prueba determinante para la institucionalidad del país y una oportunidad genuina de obtener justicia para las víctimas. En sus palabras: “El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”.
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