Acreedores internacionales que se vieron perjudicados por las reducciones retroactivas a las primas de las energías renovables han puesto en marcha acciones legales para ejecutar el embargo de activos pertenecientes al Reino de España en territorio estadounidense. Esta situación se deriva de las políticas energéticas aprobadas anteriormente por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
De acuerdo con informes de carácter jurídico, la ofensiva legal ha avanzado hacia una etapa crítica tras el respaldo de tribunales en diversas partes del mundo. La estrategia actual se apoya en triunfos legales en los Tribunales Supremos de Singapur y Reino Unido, sumado a los progresos en Estados Unidos. En este último país, el registro exitoso de siete laudos arbitrales, reconocidos ahora como sentencias de cumplimiento obligatorio, permite iniciar protocolos para localizar y eventualmente incautar bienes estatales.
Hasta el momento, siete compañías han recibido fallos favorables que comprometen pagos por parte del Estado español. La deuda acumulada con este grupo específico asciende a 688,4 millones de euros, una cifra que continúa en aumento debido a los intereses por mora. Las empresas y los montos correspondientes son:
- NextEra: 290,6 millones de euros.
- Infrastructure Services/Antin: 125,1 millones de euros.
- Watkins: 79,5 millones de euros.
- RREEF: 74 millones de euros.
- 9REN: 44 millones de euros.
- Cube: 40,2 millones de euros.
- InfraRed: 35 millones de euros.
Expansión de la búsqueda de activos en suelo americano
Todos estos procesos legales fueron inicialmente gestionados por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. No obstante, los acreedores han solicitado permiso judicial para registrar estos laudos en otras jurisdicciones federales, destacando el Distrito Sur de Nueva York. En dicha zona, se presume la existencia de bienes que podrían ser susceptibles de embargo inmediato.
Fuentes cercanas al proceso enfatizan que estas medidas de ejecución buscan compensar a las empresas que han enfrentado pérdidas prolongadas debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de España.
En esta nueva fase procesal, se han activado mecanismos denominados ‘discovery orders’ (descubrimiento de activos) y se han emitido ‘subpoenas’ (requerimientos judiciales). Estos instrumentos legales están dirigidos a entidades privadas, organismos vinculados al Estado y diversas instituciones financieras que operan bajo leyes estadounidenses.
El propósito fundamental de estas diligencias es rastrear relaciones comerciales, cuentas bancarias, flujos de capital y otros derechos económicos en Estados Unidos. Entre los objetivos de estas investigaciones se encuentran empresas con participación estatal española e incluso sociedades ligadas a la presencia del país en el próximo Mundial de Fútbol de 2026.
Situación en otras jurisdicciones internacionales
La presión sobre el Reino de España no es exclusiva de América. En Europa, específicamente en Bélgica, el sistema judicial ha autorizado embargos por el caso OperaFund. Esto ha derivado en la retención de 482 millones de euros en pagos que Eurocontrol (entidad de navegación aérea europea) debía girar a Enaire, la entidad pública española.
En el Reino Unido, recientemente el Tribunal Supremo emitió un dictamen definitivo contra los argumentos españoles en el litigio con Infrastructure Services. Este fallo deja firme una deuda de 101 millones de euros, a los que se añaden casi 27 millones de euros adicionales por concepto de intereses moratorios.
Por su parte, el Tribunal Superior de Singapur registró oficialmente el laudo de NextEra el pasado febrero, validando una deuda de 290 millones de euros. De igual manera, el Tribunal Federal de Australia ordenó en agosto de 2025 la ejecución de cuatro fallos (RREEF, 9REN, Watkins y NextEra) por un total conjunto de 469 millones de euros.
Hacia mediados de marzo de 2026, el balance financiero de esta disputa legal es crítico. La deuda total acumulada del Reino de España con sus acreedores internacionales ya sobrepasa los 2.302 millones de euros. De este monto, 1.754,7 millones de euros corresponden estrictamente a indemnizaciones pendientes, mientras que 538,3 millones de euros obedecen a sobrecostes financieros y gastos legales asociados a los procedimientos.
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