Está previsto que este mes, (marzo-2026), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se mude a su nueva sede ubicada en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Patria, en el norte de Quito.
Un inmueble histórico conocido hasta los años 60 como el Palacio Romo-Leroux y que servía como lugar de descanso de los presidentes de la República hasta 1960.
El edificio, posteriormente fue adquirido por la Embajada de los Estados Unidos de América. En 2019 pasó a poder de la la Fiscalía General del Estado; que después de cambiarse a pocas cuadras, lo cedió a la Secretaría de Planificación del Estado.
Comenzó el trasteo
En el Portal de Compras Públicas apareció, el pasado 6 de marzo de 2026, un proceso gestionado por la Unidad Tecnológica e Informática del TCE, para la contratación de un “servicio de mudanza de bienes sin supervisión tecnológica”.
El objetivo es el traslado de los bienes físicos del tribunal desde su actual local en La Mariscal (Veintimilla y Juan León Mera), hacia su nueva y definitiva ubicación.
¿Cómo se gestó la donación?
En junio de 2025, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria dispuso la asignación inmediata de ese edificio al TCE, mediante la suscripción de un comodato, tal como aparece en la resolución PLE-TCE-3-28-10-2025.
Cuatro meses después, en octubre, se actualizó el pedido, pero se cambió la figura de “comodato” a “donación” del inmueble que cuenta con un valor de registro contable de USD 5.926.819 por cinco mil metros cuadrados de área.
La transferencia se ofició mediante resolución FGE-DON-001-2025 el 29 de octubre de 2025 en el despacho de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, a dos semanas de la consulta popular del 16 de noviembre del año anterior.
De esta forma se buscaba poner fin a los 18 años de arriendo que soportó este organismo y que lo llevó por varios sectores de la Capital.
¿5.000 metros para 134 funcionarios?
En la actualidad, según el distributivo del Tribunal Contencioso Electoral de enero de 2026, trabajan en esa institución electoral 134 funcionarios.
Un cálculo simple determina que cada uno tendría aproximadamente 37 metros disponibles para sus actividades. Sin embargo, y como es lógico, se ubicarán áreas sociales, las de estacionamiento, las del Pleno, administrativas, logísticas, etc.
El espacio óptimo promedio que requiere un empleado se ubica entre los dos y tres metros por persona, de acuerdo a la norma internacional ISO 9241. Sin embargo en el Ecuador, algunos balcones de servicios como el del SRI y Ministerio de Trabajo son más estrechos que la norma y, resultan, en algunos casos, incómodos y poco funcionales.
Diseño institucional
El Contencioso Electoral es una institución “pequeña” dentro del diseño estatal ecuatoriano.
En términos comparativos, en la Corte Constitucional laboran 280 funcionarios y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), 600 personas.
La Defensoría del Pueblo también tiene más empleados en nómina, pues en esta institución laboran 380 funcionarios, según información de transparencia, actualizada a enero de 2026.
Además, el TCE no cuenta delegaciones provinciales, ni tribunales secundarios. Su actividad principal es el juzgamiento de causas y la difusión de “valores democráticos”, como consta en sus informes de rendición anual.
Entrando y pagando…
Por el avalúo del edificio y la cantidad de trabajos municipales desarrollados a lo largo del tiempo en la zona, que por la presencia de la embajada debía contar con reformas viales y muros, el Contencioso Electoral adeuda ya al Municipio casi USD 5.000.
Y es que si se compara el presupuesto anual de la institución con el monto de la donación, se observa que el avalúo del inmueble supera el presupuesto anual de 2024, como se puede verificar en la siguiente captura.
Trámite de causas
Como se mencionó la actividad principal del TCE es el trámite de causas electorales. Entre enero y noviembre de 2024 y de acuerdo con la última actualización de transparencia del Tribunal, se tramitaron 268, menos de una al día (0.8).
¿Y la renovación?
A la par de la consecución de un espacio físico definitivo, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral recibieron la ratificación de que podían seguir en sus funciones, gracias a un fallo de la Procuraduría General del Estado.
La renovación debía producirse parcialmente en 2022 y de forma total en 2025, sin embargo, el año pasado, la Procuraduría respaldó su continuidad, para garantizar la“no interrupción de las actividades institucionales con miras a las elecciones generales”.
La confirmación de sus funciones se incluyó también en las reformas aprobadas al Código de la Democracia aprobadas en julio de 2025 por la Asamblea Nacional.
En resumen, hasta que termine el concurso que debe ser organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los actuales vocales permanecerán en sus cargos.
Según el artículo 220 de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral se conforma por cinco miembros principales que ejercen sus funciones por seis años.
12 denuncias
En 2025, el Tribunal Contencioso Electoral recibió 12 denuncias electorales en contra del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, ninguna de ellas terminó con una sanción.
Más bien el Tribunal emitió fallos polémicos, habría que mencionar algunos de ellos:
- El TCE sancionó por violencia política de género a la exvicepresidenta Verónica Abad que demandó al Presidente de la República y a varios funcionarios de su gabinete.
- El organismo sancionó por violencia política de genero a la asambleísta electa por la RC5, Priscilla Schettini y a la activista Angélica Porras, en el caso del supuesto “plagio” de la tesis de grado de la exfiscal Diana Salazar.
Por último, desestimó también las denuncias en contra de siete ministros de ADN por infringir el silencio electoral durante los comicios generales últimos.
Se podría hacer más larga la lista, pero para terminar este mes, el Tribunal Contencioso Electoral, dispuso la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana a partir de un informe emitido por la Fiscalía General del Estado, una institución que le donó un palacio histórico, una quinta presidencial, para que el Tribunal lo convierta en su flamante sede.