El Ejecutivo salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha dado un paso decisivo en su política de seguridad nacional. Este martes, el gabinete de seguridad estatal acudió a la Asamblea Legislativa de El Salvador para formalizar una propuesta de reforma constitucional. El objetivo central de esta iniciativa es instaurar la cadena perpetua, una sanción que hasta la fecha se encuentra prohibida por la normativa vigente, para aquellos ciudadanos que resulten condenados por delitos de asesinato, violación o terrorismo.
El mandatario detalló el alcance de la propuesta a través de su cuenta oficial en la plataforma X, donde manifestó:
“En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”.
En el mismo mensaje, Bukele lanzó un desafío directo a los miembros del parlamento respecto a su postura frente a esta medida punitiva:
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.
Impacto del régimen de excepción y ajustes en el sistema penal
Desde la administración actual se defiende que los más de cuatro años de vigencia del régimen de excepción han logrado una transformación estructural en la seguridad del país. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó ante el Legislativo que esta estrategia ha permitido neutralizar una “amenaza permanente y continua” que las organizaciones criminales sostuvieron por dos décadas. El funcionario resaltó que el proceso cuenta con el apoyo de “seis millones de salvadoreños”, lo que representa, a su juicio, la soberanía popular.
Villatoro expuso cifras históricas para contextualizar la necesidad de la reforma, indicando que en los últimos veinte años, las maras y estructuras delictivas fueron responsables de aproximadamente “120.000 muertes”. De este total, el ministro atribuyó “por lo menos cuarenta mil” fallecimientos a un sistema de justicia deficiente que, según sus palabras, envió al “paredón de fusilamiento a miles de víctimas” debido al amedrentamiento y la falta de confianza institucional.
El proyecto legislativo no se limita a la reforma constitucional, sino que incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo. La meta técnica es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, garantizando que el castigo máximo se aplique de forma estricta. Según aclaró el ministro, la pena perpetua será exclusiva para homicidas, violadores y terroristas, manteniendo la prohibición de prisión por deudas u otros delitos menores.
Tensión con organismos internacionales y enfoque regional
La presentación de la reforma estuvo marcada por un tono confrontativo del ministro de Seguridad hacia los grupos de derechos humanos y las entidades internacionales que critican las medidas del gobierno salvadoreño. Villatoro afirmó con dureza:
“Ya se quitaron recientemente la máscara. Ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”.
Para concluir, el funcionario vinculó la realidad de El Salvador con el panorama judicial de toda Hispanoamérica, asegurando que existen “leyes inútiles” en toda la región para enfrentar la criminalidad violenta. Denunció que en los últimos 30 años se ha producido una distorsión jurídica donde se ha invertido el rol de “la víctima y el victimario”, afectando la autoridad del Estado y la protección ciudadana.
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