A pocas horas del segundo y definitivo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, previsto para este 17 de marzo de 2026 en la Asamblea Nacional, la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador expresó su rechazo a la propuesta impulsada desde el Ejecutivo.
Los agentes aseguran que el proyecto no responde a las necesidades reales del sistema carcelario y, por el contrario, deja de lado la normativa que el propio gremio impulsó durante casi dos años para mejorar sus condiciones laborales y fortalecer la seguridad en las cárceles.
Según explicaron voceros del sector, el 23 de septiembre de 2024 el gremio presentó ante la Asamblea un proyecto de ley orgánica propio, compuesto por 105 artículos. Este buscaba regular la carrera penitenciaria y otorgar mayor autonomía administrativa, logística, operativa y económica al cuerpo de agentes.
La iniciativa también incluía beneficios laborales y sociales, como atención psicológica, asistencia médica y apoyo en trabajo social, además de la jubilación especial anticipada a los 20 años de servicio, un mecanismo que —según los agentes— reconoce el desgaste físico y mental que implica la labor penitenciaria.
Sin embargo, tras pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y avanzar en mesas técnicas con académicos y expertos nacionales e internacionales, los custodios aseguran que el proyecto original fue reemplazado por una nueva propuesta del Ejecutivo.
“Nos encontramos traicionados”, señaló Wilman Alarcón, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador. En una rueda de prensa realizada este 16 de marzo sostuvo que el nuevo proyecto modificó completamente el contenido de la ley que habían trabajado durante meses.
Reclamos por falta de personal, armamento y formación
Más allá del debate legislativo, los agentes penitenciarios advierten que el sistema carcelario enfrenta graves déficits estructurales que no están siendo atendidos en la reforma.
Uno de los principales problemas es la escasez de personal. Según los custodios, actualmente el país cuenta con alrededor de 800 agentes por guardia para custodiar a cerca de 40.000 personas privadas de libertad.
Estas cifras están muy lejos de las recomendaciones internacionales. De acuerdo con estándares citados por el gremio, las Naciones Unidas sugieren una relación mínima de 10 presos por cada custodio en centros de mínima seguridad, entre cinco y seis en centros de mediana seguridad, y uno a uno en cárceles de máxima seguridad.
Bajo ese criterio, los agentes sostienen que el país debería contar con entre 12.000 y 15.000 custodios para garantizar condiciones adecuadas de control y seguridad.
La falta de personal se agrava, además, por la ausencia de un centro de formación especializado. Aunque la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, aprobada en 2022, establecía un plazo de 180 días para crear una escuela de formación penitenciaria, los agentes denuncian que esta disposición nunca se cumplió.
“Tenemos instructores, pero no tenemos escuela”, señalaron. El gremio también cuestiona los periodos de capacitación actuales, que consideran insuficientes. Según su planteamiento, la formación debería extenderse al menos un año.
A esto se suma la falta de armamento adecuado. Los custodios aseguran que desde 2021 fueron desarmados. Esto pese a que la normativa vigente les permite utilizar armas letales y no letales para cumplir su labor.
La situación, afirman, ha tenido consecuencias graves. “El año anterior tuvimos 20 compañeros asesinados”, señalaron. Advirtieron que muchos de estos crímenes se han producido mediante ataques de sicariato.
Críticas a incorporación de militares y policías retirados
Otro de los puntos que genera rechazo dentro del cuerpo penitenciario es la posibilidad de que militares y policías en servicio pasivo ingresen a ocupar cargos dentro del sistema carcelario.
Los agentes sostienen que esta medida se impulsa mediante reformas a varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) y normas relacionadas con la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía.
Según el gremio, estas reformas abrirían espacio para que exuniformados ocupen cargos directivos dentro del sistema penitenciario, una decisión que consideran injustificada. “Ellos ya cumplieron su tiempo de servicio con la patria”, señalaron. Asimismo, cuestionaron que no se priorice a los propios agentes penitenciarios, muchos de los cuales cuentan con títulos de tercer nivel y experiencia dentro del sistema.
Además, criticaron que la ley contemple remuneraciones más altas para estos nuevos cargos, mientras el sistema enfrenta escasez de personal operativo. “Con el sueldo de un directivo se podría contratar hasta cinco agentes penitenciarios”, argumentaron.
Una ley insuficiente
En ese contexto, los agentes sostienen que la reforma que se debatirá en la Asamblea no aborda de manera profunda los problemas estructurales del sistema, pues se centra principalmente en aspectos de control, sanciones y clasificación de los privados de libertad.
Para el gremio, fortalecer verdaderamente el sistema penitenciario implica mejorar las condiciones laborales de los custodios, aumentar el personal operativo, garantizar formación especializada y reconocer los riesgos de la profesión.
Sin esos cambios —advierten— cualquier reforma legal corre el riesgo de quedarse solo en el papel, mientras el sistema carcelario continúa enfrentando las mismas crisis de seguridad que han marcado los últimos años.
Radio Pichincha