La aparente cohesión de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) muestra señales de desgaste en la Asamblea Nacional. Las tensiones internas se intensificaron en las últimas semanas, en medio de votaciones polémicas, disputas de liderazgo dentro del bloque y una agenda legislativa que, según varios legisladores, llega marcada desde el Ejecutivo en Palacio de Carondelet.
Rupturas internas y falta de respaldo a sus legisladores
Todo nace en el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ese proceso provocó una división abierta dentro del bloque oficialista. Por un lado se alineó el grupo cercano a la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno. Por otro, el sector liderado por la coordinadora de la bancada, Valentina Centeno.
La discusión interna giraba en torno a si el bloque debía respaldar o no a Godoy. Finalmente se impuso la postura impulsada por Centeno, quien terminó consolidando el control político del bloque.
A esa disputa se sumó luego el episodio protagonizado por dos legisladores oficialistas: Esteban Torres y Rosa Torres. Ambos mantienen cercanía política y personal dentro del hemiciclo, donde ocupan asientos contiguos.
La tensión surgió cuando Rosa Torres quedó expuesta mediáticamente el pasado 12 de enero de 2026 tras ser vinculada al escándalo conocido como el caso de las“muñecas de la mafia” .
El silencio del bloque oficialista frente a ese episodio —sin un pronunciamiento institucional de respaldo— generó malestar en algunos miembros de ADN.
Las consecuencias de la falta de apoyo
Ese descontento se reflejó públicamente el 9 de febrero de 2026, durante la sesión del Pleno que debatió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González. Ese día se realizaron cinco votaciones consecutivas sobre el mismo tema.
En la tercera votación ocurrió algo poco visto: Esteban Torres y Rosa Torres se abstuvieron, mientras el resto del bloque oficialista votó a favor. La división apareció en ese preciso momento. Ese hecho se interpretó como una señal dirigida más hacia la interna del bloque. Ni la coordinadora de la bancada ni el presidente del Legislativo ni el Gobierno reaccionaron a esa votación. Ese silencio hizo mucho ruido.
La ley minera y una expulsión que expuso la fractura
Pero donde sí hubo pronunciamiento por parte de la bancada gobiernista fue durante una sesión realizada en Samborondón, en la provincia del Guayas. En ese lugar, el Pleno debatió la polémica ley de Minería y Energía.
Esa norma generó una fuerte oposición desde los sectores ambientales y sociales. El foco se centró en asambleístas de la provincia de Azuay. Tres pertenecen a la RC y ya habían anticipado su rechazo. Otros tres corresponden a ADN: Adrián Castro, Camila León y Anthony Becerra.
Este último presentó la moción para aprobar la ley. Castro defendió el proyecto. Mientras que, la tercera legisladora del bloque, Camila León, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, ya enfrentaba críticas públicas tras la difusión de dos videos virales sobre el proyecto minero en Quimsacocha.
Ante ese escenario, León decidió no participar directamente en la votación y principalizó a su alterno, Paco Cepeda. Cuando llegó el momento de votar, Cepeda se abstuvo, pese a las presiones públicas de las legisladoras oficialistas Inés Alarcón y Yadira Bayas. El momento quedó registrado en un video que circuló posteriormente en redes sociales.
La consecuencia fue evidente: Cepeda fue expulsado de la bancada y se advirtió que no volvería a ser principalizado.
ADN: una mayoría cada vez más frágil
Las tensiones internas se producen en un contexto donde la mayoría legislativa del oficialismo es cada vez más ajustada en las votaciones. La aprobación de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), conocidas como la Ley de los GAD, se logró apenas con 77 votos, el mínimo necesario, en un escenario donde varios legisladores dudaron sobre si apoyar la iniciativa del Gobierno.
En esa votación, por ejemplo, la legisladora oficialista Cristina Acuña no asistió a la sesión, mientras Fernando Nantipia, exPachakutik y aliado del Gobierno, se abstuvo.
Días después, en el segundo debate de Ley de Minería y Energía, el 26 de febrero de 2026, se confirmó esa fragilidad. Fueron tres legisladores que abandonaron Pachakutik —Edmundo Cerda, José Nango y el propio Nantipia— quienes condicionaron su voto y obligaron al oficialismo a adherirse a sus exigencias. Para votar a favor demandaron eliminar un artículo del proyecto.
El fracaso del intento de destituir a Juan Andrés González
Otro golpe político llegó cuando —entre varias intenciones— el oficialismo intentó destituir al legislador Juan Andrés González. La asambleísta Ana Belén Tapia lo acusó públicamente de cobrar diezmos. El caso fue enviado al Comité de Ética de la Asamblea. El informe que llegó al Pleno recomendaba la destitución del legislador. El debate se desarrolló el pasado 3 de marzo de 2026. Tras más de dos horas de lectura, llegó la votación. Para destituirlo se necesitaban 101 votos. El oficialismo solo consiguió 69.
La sorpresa fue mayor cuando Andrés Guschmer (ADN) se abstuvo, evitando respaldar la moción presentada por su propia coidearia. Tampoco votaron a favor aliados habituales del Gobierno como Pablo Jurado y Cristian Benavides, quienes también se abstuvieron.
Otro exRC, Sergio Peña, principalizó a su alterna Damaris Cáceres, quien votó en contra. Los legisladores del Partido Social Cristiano optaron igualmente por la abstención.
Estrategias desesperadas de ADN
En otro escenario similar, el 5 de marzo de 2026, ADN no alcanzó los votos necesarios para levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC) Mónica Palacios. Para este caso se necesitaba una mayoría calificada de 101 votos. Pero, ADN solo alcanzó 77 apoyos.
Por esa razón, y ante la creciente fragilidad de ADN, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, dejó transcurrir el plazo de 30 días sin que el Pleno trate otro pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra Juan Andrés González. Como consecuencia, desde el sábado 7 de marzo de 2026 el legislador quedó automáticamente sin esa protección y podría ser procesado penalmente.