Durante una reciente asamblea de oración interreligiosa por la paz celebrada en Santo Egidio, en la que participaron diversos representantes de credos globales, el Papa Francisco fue enfático al señalar que no es posible hablar de contiendas sagradas. En dicha instancia, el Pontífice citó palabras atribuidas al Papa León XIV (Vaticano, 5 de marzo de 2026), quien instó a las naciones a buscar un desarme efectivo, poniendo especial énfasis en la amenaza nuclear, y urgió a los mandatarios de todo el planeta a priorizar la diplomacia y el diálogo sobre cualquier forma de violencia. De igual manera, Francisco ha abogado recientemente por la instauración de
“una paz desarmada y desarmante”
.
La historia reciente recuerda que, tras la incursión de las fuerzas de Estados Unidos en Irak, el mando de Saddam Hussein en Bagdad llegó a su fin. Lo que originalmente se planteó el 20 de marzo de 2003 como una campaña de corta duración, terminó extendiéndose hasta el año 2011. Este conflicto fue blanco de severas críticas desde múltiples dimensiones: la ética, la jurídica, la militar y la política. Las comunidades religiosas que integran el diálogo global también manifestaron su rechazo. No obstante, los cuestionamientos de aquel entonces no ahondaron lo suficiente en la figura de “legítima defensa preventiva” invocada por la potencia norteamericana, un concepto que carece de una definición unívoca en el derecho internacional. Para que la defensa propia sea legítima, esta debe responder de forma proporcional e inmediata a una agresión previa que haya causado un daño real.
Dicho accionar se encuentra enmarcado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 31.1 del Estatuto de Roma. El cumplimiento de la normativa exige que la acción sea estrictamente necesaria para frenar un ataque actual o inminente, manteniendo siempre un equilibrio entre los medios utilizados y la magnitud de la agresión recibida.
Por otro lado, la falta de inmediatez anula la legitimidad de la defensa. Un caso hipotético planteado es el de Argentina, que no podría justificar una declaración de guerra contra Irán basándose en los atentados ocurridos hace más de treinta años contra la Embajada de Israel y la AMIA, a pesar de las sospechas sobre agentes de dicho gobierno. La defensa legítima no ampara el uso desmedido de la fuerza ni el castigo colectivo, como sería la aniquilación de una población entera debido a las acciones de grupos terroristas originarios de esa región.
El contexto actual se remonta también al 7 de octubre de 2023, cuando la organización Hamas atacó el festival de música Tribe of Nova en el desierto de Néguev, lanzando proyectiles que acabaron con la vida de casi 1.200 personas, principalmente jóvenes. Lo que debió ser una respuesta oportuna y medida se ha transformado, con el tiempo, en una represalia interminable y desproporcionada.
El combate al terrorismo con el terror del Estado
La ofensiva israelí tras los ataques de Hamas se ha prolongado por más de dos años en la Franja de Gaza. El despliegue del ejército de Israel, dotado de armamento pesado, ha impactado directamente a una población civil que carece de defensas. Las estadísticas de las Naciones Unidas son devastadoras: 66.100 fallecidos en Gaza, entre los que se cuentan al menos 18.430 niños. La infraestructura básica, incluyendo hospitales, escuelas y hogares, ha sido reducida a escombros, provocando una crisis humanitaria marcada por la desnutrición, la falta de agua y la ausencia de atención médica.
Actualmente, la Franja de Gaza se encuentra bajo un estricto asedio militar por parte de Israel, una condición similar a la de Cisjordania, conformando un Estado Palestino sin soberanía real. El párroco Gabriel Romanelli, encargado de la única iglesia católica en la zona, ha denunciado que el bloqueo israelí impide el suministro de agua y víveres esenciales, alegando razones de “seguridad”. Esta situación ha sido comparada con el trágico Ghetto de Varsovia de la época nazi. Además del hambre, la población civil enfrenta el riesgo constante de ser blanco de disparos por parte de soldados bajo sospechas infundadas de terrorismo.
Históricamente, la alineación con los imperios ha sido traumática para las minorías locales. Ejemplos de esto son la Gran Revuelta Judía (66-73 d.C.) que derivó en la diáspora, la guerra de Kitos (115-117) y la rebelión de Bar Kojba (132-136) frente al Imperio Romano. Estos episodios de violencia sistemática se suman a otros horrores globales como la destrucción de las Indias, el genocidio armenio o las atrocidades del régimen belga en el Congo.
Resulta contradictorio que sectores judíos ortodoxos, vinculados a posturas de derecha, impulsen actos de violencia en nombre de la fe, ignorando que, como afirman el Papa Francisco y el Papa León XIV, “no hay religión santa” que justifique matanzas. Esta visión beligerante no es compartida por los líderes religiosos que participan activamente en el diálogo interreligioso, ni por la mayoría sunita de los musulmanes que, alineados con la Declaración de Abu Dabi de 2019, promueven la convivencia pacífica.
De igual modo, se critica la postura de ciertos sectores cristianos que, ocultando intereses en el mercado financiero y el negocio de las armas, respaldan la continuidad de los enfrentamientos bélicos. Desde la perspectiva del derecho internacional y humanitario, existe un repudio generalizado hacia las barbaries ocurridas en Gaza, Irak, Ucrania, Myanmar y el Congo.
La persistencia de esta crueldad parece hallar su explicación en la ambición por el oro, el petróleo, los diamantes y el litio, así como en los intereses inmobiliarios detrás del desplazamiento forzado de pueblos. A pesar de los avances representados por la Carta de las Naciones Unidas y el sacrificio de figuras como Martin Luther King, Yaser Arafat, Isaac Rabin, John F. Kennedy y Patricio Lumumba, el mundo sigue presenciando crímenes atroces que buscan justificarse mediante otros delitos.
Francisco ha advertido que estos conflictos son el reverso de la moral y el derecho, afirmando que los responsables
“siguen mojando el pan en la sangre de sus hermanos”
. Citando la correspondencia entre Sigmund Freud y Albert Einstein de 1932, se plantea que la guerra nace de la pulsión de muerte o “Thánatos”. La única alternativa frente a esta naturaleza destructiva es el respeto absoluto a los tratados internacionales bajo el principio pacta sunt servanda, una autoridad que debe estar por encima de líderes como Netanyahu, Putin, Trump, Xi Jinping o Jamenei.
Las guerras siempre son una derrota y la derrota debe ser derrotada con la fe y con el diálogo
Países como Estados Unidos, Israel e Irán han sido señalados por transgredir los fundamentos del derecho internacional. En la invasión a Gaza, Israel ha sido acusado de exceder los límites de la defensa legítima con ataques desproporcionados durante un bienio. Además, la colaboración con el gobierno estadounidense resultó en la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini y otros civiles iraníes, en lo que se considera una violación del Derecho Humanitario que deberá ser analizada por la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Vladimir Putin ha provocado el desplazamiento de miles de ucranianos ante la expansión de la OTAN.
En el ámbito regional, Irán ha realizado ataques contra naciones vecinas como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que estos no han iniciado hostilidades directas. Sin embargo, el bloqueo del Estrecho de Ormuz al transporte marítimo de los agresores es visto por algunos como una medida inmediata y proporcional. Recientemente, la Guardia Revolucionaria, a través de Alireza Tangsiri y Ali Larijani, informó que las restricciones se limitarán a los agresores estadounidenses y sus aliados, buscando que el estrecho sea una zona de prosperidad para quienes no busquen la guerra.
La guerra del petróleo es la “ley de la selva”
De acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU, ni Israel ni Estados Unidos pueden sostener que su actuación contra Irán se base en una amenaza inminente. La Asamblea de las Naciones Unidas ha manifestado su rechazo a esta confrontación, recordando que el Consejo de Seguridad es el único organismo con la potestad de autorizar el uso de la fuerza según el artículo 2 de la misma Carta.
En el caso de Estados Unidos, la Constitución exige que el presidente obtenga el aval del Congreso para declarar la guerra, un requisito que ha sido ignorado en múltiples ocasiones, al igual que las directrices de la ONU. El secretario general del organismo, António Guterres, ha advertido recientemente que, ante intervenciones externas en países como Venezuela, el Estado de derecho está siendo desplazado por lo que él denomina como “la ley de la selva”.
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