Tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, efectuada durante las primeras horas del viernes 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, han resurgido datos alarmantes sobre sus operaciones en territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro había insistido previamente en la necesidad de su detención, señalando que el sujeto utilizaba negocios aparentemente lícitos para camuflar sus actividades criminales en el país.
A sus 34 años, Marset no solo es vinculado al tráfico de estupefacientes a gran escala, sino que también es señalado como uno de los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Para operar en Bogotá, el uruguayo replicó un sofisticado modelo de lavado de activos basado en empresas fachada y el uso de una identidad falsa, bajo el nombre de Gabriel de Souza Beumer, amparado en un pasaporte boliviano fraudulento.
La fachada empresarial en la capital colombiana
Investigaciones sobre el crimen organizado han revelado que Sebastián Marset logró controlar el 85% de una sociedad registrada formalmente en la Cámara de Comercio de Bogotá. A pesar de las alertas sobre su identidad falsa, el registro permaneció inalterado. El esquema consistía en presentarse como un promotor de espectáculos de talla internacional, utilizando una red mediática para proteger su reputación pública ante la sociedad.
Este método de operación ya había sido detectado en Paraguay por las autoridades de ese país. En el marco de la operación denominada “A Ultranza Py”, la Fiscalía paraguaya logró el decomiso de 17.340 kilogramos de cocaína asociados a la organización de Marset y su socio criminal, Miguel Ángel Insfrán, conocido bajo el alias de “Tío Rico”, entre los años 2020 y 2021.

De acuerdo con las estimaciones de los expedientes judiciales, si ese cargamento de droga hubiera llegado con éxito a Europa, habría representado ganancias ilícitas por un valor de 433 millones de dólares. La relación entre Marset y alias “Tío Rico” se fundamentó en la creación de diversas sociedades dedicadas a actividades inmobiliarias, comerciales, agropecuarias y de producción de eventos para blanquear el capital proveniente del narcotráfico.
Incursión en el mercado de conciertos en Colombia
El 27 de agosto de 2019, el exmilitar colombiano Jairo Alberto Criado Tarazona registró en Bogotá la empresa JC Productions / Mastian Productions SAS. Poco tiempo después, Marset arribó a Colombia y formalizó la adquisición de la mayoría accionaria de dicha firma el 16 de octubre del mismo año. Es relevante notar que el nombre de la compañía es prácticamente idéntico al utilizado por el capo en Paraguay para sus maniobras de blanqueo.
La jueza Rosarito Montanía, involucrada en los procesos judiciales en Paraguay, no descartó que este grupo criminal buscara expandir su red en la región: “No me sorprendería que también [quisieran] utilizar Mastian en Colombia para incorporarla al esquema de lavado de dinero de este grupo criminal”, señaló durante el seguimiento del caso.
Por su parte, Criado Tarazona sostuvo en entrevistas que desconocía los nexos delictivos de su socio. Según su versión, se reunió con él únicamente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras la recomendación de un contacto en Bolivia. Respecto a sus intenciones de negocio, Criado afirmó:
“Me dijo que quería hacer conciertos en Sudamérica. Quería hacer conciertos en Bolivia. Le dije que sí, pero que tenía que ser [con los procedimientos] legales”.
A pesar de que Criado aseguró que la relación terminó por un incumplimiento de pago de 99 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 25.000), los registros oficiales continuaron mostrando a Marset como accionista mayoritario y gerente suplente de la entidad.
Vínculos religiosos y la sombra del crimen de Marcelo Pecci
La red de Marset no se limitó al ámbito empresarial. Las indagaciones apuntan a conexiones con figuras de organizaciones religiosas en Colombia y Paraguay. Se identificó al pastor Óscar Alberto González Hincapié, quien presuntamente figura en comunicaciones interceptadas como “Profeta Oscar”. Según documentos judiciales, Marset habría ordenado el envío de 100.000 dólares a González Hincapié en diciembre de 2020. Cabe destacar que este pastor posee antecedentes por estafa en territorio colombiano desde el año 2004.
Asimismo, se han documentado nexos entre los hermanos Insfrán y líderes de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. José Insfrán, actualmente procesado por lavado de dinero, habría gestionado el traslado de líderes religiosos en aeronaves privadas propiedad de “Tío Rico”.
El impacto internacional de Sebastián Marset alcanzó su punto más crítico en 2022. El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, lo situó en el grupo de autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la isla Barú, Cartagena. El presidente Gustavo Petro reafirmó estas acusaciones en 2023, sosteniendo que Marset formaba parte de una estructura criminal con base en Dubái y Colombia. No obstante, para mediados de 2025, la Fiscalía colombiana manifestó que aún se requerían pruebas más contundentes para ratificar plenamente dicho vínculo en los tribunales.
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