Tras asistir a una muestra cultural, el ministro de Cultura y portavoz de la coalición Sumar, Ernest Urtasun, manifestó su profunda preocupación por las informaciones que alertan sobre el bombardeo de un centro educativo en Teherán, el cual servía de refugio para más de 150 niñas. Urtasun mencionó que los reportes preliminares vinculan este ataque con acciones militares de Estados Unidos e Israel, situación que, de ser corroborada, representaría un crimen de guerra de una gravedad extrema. En este sentido, subrayó la urgencia de que estos hechos sean sometidos a una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional.
El alto funcionario fue categórico al declarar que el Gobierno de España no brindará colaboración bajo ningún concepto en lo que denominó una «guerra ilegal» contra Irán, impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump. Según el portavoz, la administración española limita su apoyo exclusivamente a operaciones que cuenten con el respaldo de la legalidad internacional, manteniendo una postura firme en favor de la diplomacia, el proceso de negociación y el respeto absoluto a la estructura de la Organización de las Naciones Unidas.
Respuesta a las amenazas de Donald Trump
En el marco de las recientes declaraciones del presidente Trump, quien acusó nuevamente al Ejecutivo español de falta de cooperación en el área de defensa y amenazó con suspender el intercambio comercial entre ambos países, Urtasun respondió de forma directa a estos señalamientos. El ministro defendió la autonomía de la política exterior española, indicando que el país se mantendrá alineado con los principios del derecho y el multilateralismo.
«Efectivamente nosotros no estamos colaborando con una guerra ilegal no amparada por el derecho internacional porque España está donde tiene que estar, que es al lado de la diplomacia y la negociación como forma de solucionar las controversias y al lado del derecho internacional y al lado del sistema de las Naciones Unidas».
El vocero de Sumar insistió en que el gabinete español no tomará parte en ninguna acción que pueda ser catalogada como una guerra de agresión. Su argumentación se centró en que España mantiene un compromiso inquebrantable con la resolución pacífica de las disputas internacionales, sosteniendo que cualquier conflicto debe resolverse mediante canales legales y diplomáticos, evitando en todo momento el recurso de la fuerza militar.
Durante su intervención, Urtasun volvió a referirse a las advertencias de Washington sobre posibles afectaciones a las transacciones comerciales, reiterando que para España la prioridad radica en fortalecer el diálogo y los mecanismos multilaterales de concertación. En cuanto a los trágicos sucesos reportados en Teherán, señaló que los indicios sobre la presunta implicación de tropas israelíes y estadounidenses en el ataque a la institución educativa son un punto de alerta máxima, justificando la intervención de tribunales internacionales.
Asimismo, el ministro destacó que la función primordial del sistema de Naciones Unidas es servir como el marco esencial para gestionar los desacuerdos entre naciones. Insistió en que la estrategia de España se basa en el rechazo frontal a cualquier iniciativa que carezca de sustento legal en el ámbito internacional, priorizando siempre la búsqueda de soluciones consensuadas.
La tensión diplomática se ha incrementado tras las insistentes críticas de Donald Trump a la cooperación defensiva española y sus presiones sobre el comercio bilateral. No obstante, la respuesta oficial española, en voz de Urtasun, aclara que el país antepondrá el cumplimiento del derecho internacional a cualquier tipo de presión externa vinculada a conflictos armados.
Finalmente, en relación con las consecuencias del bombardeo a infraestructura civil y la supuesta participación de fuerzas extranjeras, el ministro demandó que cualquier acto de esta naturaleza se investigue sin demoras y con el rigor necesario para determinar si se ha incurrido en un crimen de lesa humanidad.
De esta manera, el Estado español ratifica su rechazo a participar en actividades bélicas no autorizadas por organismos multilaterales, reafirmando su lealtad a los principios de protección a la población civil y a la resolución pacífica de crisis en el escenario global.
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