El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 emitió un fallo este viernes en el que desestima la solicitud presentada por la defensa de Julio De Vido. Con esta resolución, se anula la posibilidad de que el exfuncionario evite su traslado desde el centro penitenciario de Ezeiza, obligándolo a comparecer personalmente en los tribunales federales de Comodoro Py para el juicio por la causa conocida como Cuadernos. La cita judicial ha quedado programada para el próximo martes 17 de marzo a las 09:00.
La orden fue suscrita por los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes determinaron que el exministro de Planificación Federal debe presentarse ante los estrados. De Vido se encuentra procesado bajo los cargos de organizador de una asociación ilícita, además de ser señalado como coautor de 187 hechos de cohecho pasivo y de la admisión de dádivas.
Los argumentos de la defensa médica
Previamente, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían interpuesto un escrito el pasado miércoles con el fin de suspender la convocatoria física. Los juristas hicieron hincapié en que su cliente tiene 76 años y enfrenta complicaciones de salud crónicas. En el documento legal puntualizaron que el imputado “es paciente diabético y, desde hace décadas, insulinodependiente”.
La defensa técnica calificó el proceso de traslado como un “tortuoso periplo”, alertando sobre las dificultades que implica mantener el régimen alimentario y la ingesta de medicinas necesarias para su dieta. Asimismo, expresaron su preocupación por el desgaste físico derivado del operativo de seguridad, señalando textualmente: “Imagínese todos los recaudos que le impondría afrontar un traslado que habría de extenderse durante casi toda una jornada y el estrés que ello conllevaría para esa persona que, además, es paciente hipertenso”.
Pese a la obligatoriedad de su asistencia, los defensores adelantaron que el acusado ejercerá su derecho constitucional de abstenerse de declarar. Por tanto, su presencia se limitaría a formalidades de rigor, tales como el interrogatorio de identificación. Adicionalmente, los abogados han dejado sentada la reserva para recurrir a la instancia de casación y, de ser necesario, elevar el caso a la justicia federal por vía extraordinaria.
Por su parte, los organismos acusadores manifestaron su rechazo a la comparecencia virtual. La fiscalía sostuvo que, según la ley procesal y las directrices de la Cámara Federal de Casación Penal, la presencialidad es la norma fundamental en los debates. Por otro lado, la Unidad de Información Financiera argumentó que la asistencia física es vital para asegurar los principios de contradicción, oralidad e inmediación en el proceso judicial.
La resolución de los magistrados
Tras analizar los planteamientos, el tribunal concluyó que los argumentos de la defensa no son suficientes para modificar los criterios establecidos anteriormente. Los jueces indicaron que no existen pruebas contundentes para suponer que el acto procesal signifique un peligro real para la integridad física del imputado.
Si bien los magistrados consideraron que las inquietudes médicas son atendibles, enfatizaron que estas no son causa justificativa para trasladar la audiencia a una modalidad telemática. No obstante, ordenaron que el traslado se realice bajo protocolos de máximo cuidado considerando la vulnerabilidad del justiciable.
Para garantizar su bienestar, se dispuso un oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, solicitando que el traslado se efectúe en una unidad de transporte individual. Del mismo modo, se autorizó que, una vez finalizada su identificación, De Vido sea dispensado para regresar de inmediato a su lugar de detención.

La jornada del martes marcará el comienzo de una etapa crucial de indagatorias, donde también figura el nombre de Cristina Kirchner. La exmandataria argentina está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita, además de enfrentar cargos como coautora de 203 cohechos pasivos.
Ese mismo día han sido citados otros excolaboradores de alto perfil:
- Roberto Baratta: Antiguo subsecretario de Coordinación, imputado como organizador de asociación ilícita y vinculado a múltiples casos de cohecho y dádivas.
- Nelson Lazarte: Exsecretario privado, señalado como miembro de la organización delictiva.
- José María Olazagasti: Quien fuera secretario de De Vido, acusado de ser miembro de la asociación ilícita y partícipe en cohecho.
- Rafael Llorens y Rudy Ulloa: El primero, ex subsecretario jurídico, y el segundo, empresario imputado por cohecho activo.
El caso, que involucra a una vasta red de empresarios y exfuncionarios, también mantiene bajo la lupa a Ricardo Jaime (exsecretario de Transporte), Juan Pablo Schiavi y José López (exsecretario de Obras Públicas), este último bajo la figura de imputado colaborador. El calendario de audiencias se mantendrá bajo el esquema de presencialidad fijado por el tribunal para las declaraciones de todos los involucrados.
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