En la ciudad de Miami, la justicia de los Estados Unidos ha dado inicio al proceso judicial contra cuatro individuos señalados por su presunta participación en el complot para acabar con la vida del mandatario de Haití, Jovenel Moïse.
Este magnicidio representó un antes y un después en la profunda crisis institucional y de seguridad que golpea a la nación caribeña desde el año 2021. La fiscalía fundamenta su caso en una supuesta conspiración de alcance internacional que culminó con el asesinato del líder haitiano en su propia vivienda de Puerto Príncipe, durante las primeras horas del 7 de julio de aquel año.
De acuerdo con los reportes forenses, Moïse fue víctima de doce disparos que impactaron su rostro, tórax y extremidades, provocándole el deceso de forma inmediata.
Las indagaciones de las autoridades federales estadounidenses lograron identificar a un total de once personas presuntamente ligadas al ataque, dentro de las cuales se encuentran exmilitares colombianos. Estos ciudadanos habrían sido reclutados a través de una compañía de seguridad privada que opera desde el sur del estado de Florida.
La tesis acusatoria señala que este contingente de antiguos militares fue contratado por la empresa denominada Counter Terrorist Unit Federal Academy (C.T.U.). Dicha firma es liderada por Antonio Intriago, de origen venezolano-estadounidense, y por el ciudadano colombiano Arcángel Pretel Ortiz.
Adicionalmente, el Ministerio Público sostiene que ambos empresarios contaron con la colaboración de Walter Veintemilla, un financista con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, así como de James Solages, de origen haitiano-estadounidense. Se les atribuye haber participado tanto en la logística financiera como en la ejecución del plan operativo.
Actualmente, todos los involucrados se encuentran bajo custodia y enfrentan cargos criminales por conspiración para secuestrar y asesinar a una persona fuera de las fronteras de los Estados Unidos.
Impacto del crimen y la escalada de inseguridad
Tras el fallecimiento de Moïse, Haití se sumergió en una espiral de violencia sin precedentes. Diversos organismos internacionales han documentado cómo grupos criminales armados han tomado el control de vastas áreas de la capital y sus alrededores, profundizando una emergencia humanitaria que golpea a millones de ciudadanos.
Es importante destacar que el proceso judicial en Miami se limita exclusivamente a los sospechosos con nexos directos en el sur de Florida. Según analistas, este enfoque deja de lado elementos fundamentales del caso dentro del territorio haitiano.
“El lado haitiano de la ecuación está notablemente ausente”
Esta declaración fue realizada por Jake Johnston, experto del Center for Economic and Policy Research con sede en Washington, quien ha revisado las pruebas en representación de uno de los procesados.
Hasta el momento, cinco de los acusados en suelo estadounidense han reconocido su culpabilidad y han sido sentenciados a cadena perpetua. Por otro lado, un sexto implicado, responsable de suministrar equipos de protección como chalecos antibalas, recibió una condena de nueve años de prisión.
En cuanto a otros involucrados, el juicio de uno de ellos se postergó debido a complicaciones de salud, mientras que el pastor Christian Sanon, de nacionalidad haitiano-estadounidense, tendrá un juicio por separado tras haber pasado por una cirugía.
Paralelamente, en Haití, el expediente judicial incluye a una lista mucho más amplia de sospechosos. Entre ellos figuran un antiguo magistrado de la Corte Suprema, un excolaborador del Ministerio de Justicia, agentes de la policía y dos miembros del equipo de seguridad presidencial.
Respecto a los exmilitares colombianos involucrados, se informó que tres de ellos fallecieron durante la incursión armada, diecisiete continúan recluidos en prisiones haitianas y dos fueron trasladados a Estados Unidos tras su extradición, donde ya se declararon culpables y se espera que participen como testigos en las audiencias de Miami.
Hipótesis sobre el móvil del atentado
La fiscalía argumenta que la intención original de la empresa de seguridad no era el asesinato, sino el arresto de Moïse para entregarlo a agentes de Estados Unidos. El objetivo final sería obtener contratos gubernamentales lucrativos con una administración futura en la isla.
No obstante, las piezas procesales indican que el plan sufrió una transformación radical hasta derivar en un ataque letal. Martine Moïse, viuda del mandatario y sobreviviente de la agresión, ha sido citada para testificar.
“Ella declaró que escuchó a los atacantes hablar en español, aunque nunca vio sus rostros.”
Por su parte, los abogados defensores mantienen que sus representados únicamente prestaban servicios de seguridad para ejecutar una detención legal basada en supuestos actos de corrupción y exceso de poder del presidente.
Emmanuel Pérez, defensor de Intriago, manifestó que en algún punto un grupo de actores haitianos tomó la decisión de asesinar al mandatario. El jurista aseguró que su cliente se encontraba en el estado de Texas el día de los hechos y que solo tuvo conocimiento del desenlace fatal una vez ocurrido.
En el transcurso de las audiencias, el jurado evaluará evidencia crítica, incluyendo fotografías del lugar del crimen y grabaciones obtenidas mediante un dron que volaba sobre la propiedad presidencial. En dicho material audiovisual se aprecian destellos de fuego y el desplazamiento de personas en los exteriores del domicilio.
Dentro del acervo probatorio resalta una orden de detención con la firma del juez Jean Noelcius. Sin embargo, el magistrado testificó bajo juramento que fue obligado a firmar dicho documento.
“Me usaron como un títere”
indicó Noelcius durante una declaración grabada en video.
Finalmente, los fiscales presentarán peritajes de balística que vinculan los proyectiles hallados en la escena con el armamento empleado por el grupo táctico. También se exhibirá un video interno de C.T.U. donde se escucha a Solages afirmar ante Intriago y Pretel que “Jovenel no va a salir vivo del país”.
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