El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente Gustavo Petro tras la interposición de una acción popular por parte del abogado Ramiro Bejarano. Este recurso judicial pretende que el mandatario colombiano se abstenga de realizar declaraciones sobre supuestas irregularidades en el sistema de votación nacional sin contar con pruebas previas.
Un fallo judicial como sustento
El titular de la cartera política argumentó que las alertas emitidas por el Ejecutivo no son infundadas, sino que se apoyan en una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, emitida el 8 de febrero de 2018 (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00). Según Benedetti, en dicha sentencia el alto tribunal exigió a la organización electoral la compra de un software de escrutinios que pertenezca exclusivamente al Estado.
El objetivo de este requerimiento técnico es que el sistema
“permita garantizar trazabilidad completa del escrutinio, desde cada mesa de votación hasta la declaratoria final de la elección, y que cuente con personal técnico idóneo encargado de su soporte, vigilancia y control”
, detalló el funcionario.
Asimismo, el ministro aclaró que el término “conminar” utilizado por el máximo tribunal administrativo en su resolución no es una simple sugerencia, sino una orden judicial de cumplimiento obligatorio. Benedetti advirtió que el desacato a estas instrucciones podría derivar en sanciones y consecuencias legales directas para las autoridades del sistema electoral.
De acuerdo con el funcionario, el fallo del Consejo de Estado establece un cronograma y tareas específicas que la organización electoral debe ejecutar de manera inmediata.
Exigencia de transparencia tecnológica
“Por aquello de la libre expresión, @petrogustavo lo que ha manifestado es que se cumpla un fallo del Consejo de Estado y hay quienes quieren callarlo. Cuando el @consejodeestado “conmina” a una autoridad, no está haciendo una recomendación ni una sugerencia (…). No es un consejo. Es una orden judicial”
, sentenció el ministro a través de sus canales de comunicación oficial.
El jefe de la cartera del Interior insistió en que el Consejo de Estado ordenó estas medidas para blindar la transparencia de los procesos electorales, aunque señaló que hasta ahora la orden sigue pendiente de ejecución. Estas declaraciones se dan en el contexto de las advertencias que el presidente Petro realizó antes de las votaciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.
Durante el inicio de aquella jornada democrática en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el primer mandatario solicitó formalmente al Congreso de la República tomar cartas en el asunto para materializar lo dispuesto por la justicia administrativa.
“Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada”
, manifestó el mandatario ante la opinión pública.
Rechazo a la presunta censura
Gustavo Petro recordó que ya se han cumplido ocho años sin que el país adquiera la tecnología propia ordenada por el tribunal, razón por la cual sostuvo que no se retractará de sus señalamientos públicos. A través de la red social X, el presidente criticó la acción popular en su contra, calificándola como un intento de amordazar su libertad de expresión.
En este sentido, el jefe de Estado solicitó al registrador Nacional, Hernán Penagos, una copia íntegra del código fuente del software que se utilizará en los comicios presidenciales de mayo de 2026. Su intención es someter dicha tecnología a una auditoría de expertos y revelar parte de los hallazgos a la ciudadanía.
“No acepto censuras de los nuevos Ordóñez. Ya pasó esa época. Aún es tiempo democrático. Solicito al registrador del estado civil se me entregué copia del código fuente del software de preconteo y escrutinios para las elecciones presidenciales durante tres semanas y lo devuelvo (sic)”
, concluyó el mandatario.
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