La Comisión de Desarrollo Económico recibió los aportes de Andrés Ortiz, profesor de Ordenamiento Territorial y Derecho Mercantil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y de Marco Moya, director de Inversiones Almeida Guzmán Asociados, dentro del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado de urgente en materia económica.
Durante su intervención, Ortiz sugirió revisar que la rebaja tributaria para viviendas donadas no se calcule con base en el avalúo catastral, debido a que este valor puede ser menor al precio real de mercado y desincentivar la participación de los promotores inmobiliarios. En su lugar, recomendó analizar la posibilidad de que la rebaja se calcule con base en el valor de mercado declarado por el promotor y validado por la autoridad competente.
Además, planteó establecer exoneraciones de tributos municipales en los procesos de donación de vivienda, a fin de evitar que impuestos como la alcabala o la plusvalía encarezcan la transferencia. También sugirió ampliar el alcance del proyecto para que no se limite únicamente a viviendas de hasta 31.000 dólares, sino que incluya todo el rango de vivienda de interés social, con el fin de incentivar una mayor participación del sector inmobiliario.
Por su parte, Moya señaló que la reforma es pertinente porque vincula el incentivo fiscal con la normativa tributaria y responde al déficit habitacional del país, que supera las 700.000 viviendas según el censo de 2022. Advirtió que esta problemática incrementa la vulnerabilidad de las familias y fomenta el crecimiento de asentamientos informales en zonas de riesgo.
Explicó que el proyecto incentiva a los constructores privados a edificar viviendas de interés social y donarlas al ente rector de vivienda, lo que les permitirá acceder a una rebaja de hasta el 30 % del impuesto a la renta. Añadió que la propuesta contempla mecanismos de control, como el uso del avalúo catastral, un techo fiscal anual y una vigencia entre 2026 y 2029, con el objetivo de dinamizar el sector de la construcción y ampliar el acceso a vivienda para familias de bajos recursos.