El senador Wadith Manzur, integrante del Partido Conservador Colombiano, se ha presentado voluntariamente ante los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Actualmente, el legislador se encuentra bajo custodia en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicadas en la ciudad de Bogotá.
Esta acción legal se produce tras la emisión de una orden de detención preventiva dictada por la Corte Suprema de Justicia. La medida se enmarca en las investigaciones que adelanta el alto tribunal por presuntas irregularidades y actos de corrupción vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El proceso judicial busca esclarecer supuestas anomalías cometidas en la gestión y distribución de recursos públicos, así como en la entrega de contratos estatales. Según los expedientes que maneja la justicia, las conductas bajo sospecha se habrían desarrollado durante el segundo semestre del año 2023. En aquel periodo, Manzur se desempeñaba como miembro activo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Las hipótesis de la investigación sugieren que el congresista pudo haber aceptado propuestas de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objetivo de estos acuerdos habría sido la emisión de conceptos positivos sobre diversas operaciones de crédito promovidas por el Ejecutivo. Como contraprestación, se habrían gestionado contratos de obras públicas e interventorías que sumarían aproximadamente 92.000 millones de pesos. Estas inversiones estaban destinadas a municipios situados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Dentro del material probatorio, destacan las declaraciones de Olmedo López, quien fuera director de la Ungrd. El exfuncionario testificó ante el ente acusador que, en un principio, los diálogos sobre estos fondos entre el Gobierno y el Congreso eran liderados por la representante Karen Manrique. No obstante, el testimonio indica que, posteriormente, Wadith Manzur habría asumido un papel protagónico junto a ella en la gestión de dichos proyectos y asignaciones presupuestarias.
Otro punto clave en la indagación es una reunión efectuada el 15 de diciembre de 2023. Dicho encuentro tuvo lugar en el despacho de Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior. Durante la cita, supuestamente se discutieron planes y contrataciones para poblaciones específicas como El Carmen de Bolívar (Bolívar), Saravena (Arauca) y Cotorra (Córdoba).
Pronunciamiento oficial del senador
Apenas un día antes de que se concretara su detención, el pasado 11 de marzo, el senador Manzur utilizó sus plataformas digitales para referirse a la situación jurídica que atraviesa.
“Siempre he actuado con transparencia y respeto por la ley. Atenderé los llamados de la justicia y confío en que podré demostrar mi inocencia”
A través de su mensaje oficial, el congresista enfatizó su total disposición para comparecer ante los magistrados y autoridades competentes, con el fin de aportar claridad sobre los hechos que lo vinculan al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Respaldo institucional y debido proceso
Wadith Manzur es una figura de peso dentro del conservatismo, habiendo alcanzado cerca de 134.000 sufragios en los comicios legislativos celebrados el 8 de marzo de 2026. Ante la gravedad de los señalamientos, el veedor nacional de la colectividad, Juan Pablo Cepero, se pronunció en medios de comunicación señalando que el partido debe ceñirse estrictamente al ordenamiento legal vigente.
En declaraciones para La FM, Cepero manifestó que la organización política debe ser garante de los derechos fundamentales del investigado.
“Mientras no exista una condena firme, no se puede actuar de otra manera”
, afirmó, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia.
El directivo recordó además que, bajo la Ley 1475 de 2011, los elegidos por voto popular que aspiren a la reelección deben contar con el aval del mismo partido que los representó anteriormente, protegiendo así el derecho constitucional de participación política.
Escenarios disciplinarios y la ‘Silla Vacía’
Respecto a las consecuencias internas, Cepero aclaró que el Partido Conservador solo activará sus protocolos de sanción una vez que se produzca un fallo judicial definitivo. De confirmarse una sentencia condenatoria, la Veeduría podría suspender al militante y remitir el expediente al Consejo de Control Ético. Este organismo tendría la potestad de decidir sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión definitiva.
Finalmente, el caso genera preocupación por la posible aplicación de la figura de la “silla vacía”. Si se demuestra que los delitos imputados atentan contra la administración pública, la colectividad perdería el derecho a reemplazar la curul en el Senado, dejando al partido con un escaño menos en el Congreso de la República.
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