La principal compañía petrolera de Colombia, Ecopetrol, ha demostrado una solidez financiera que sobrepasa las estimaciones previas. De acuerdo con los registros de la plataforma TradingView, las acciones de la estatal en la Bolsa de Valores de Colombia registraron un repunte del 31,68% en el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. El valor por unidad se situó en los 2.390 pesos colombianos, acumulando además un crecimiento del 26,79% en lo corrido del año actual.
Durante el cuarto trimestre de 2025, la organización reportó ingresos por un total de 28,82 billones de pesos, cifra superior a los 26,49 billones proyectados inicialmente por los analistas. Asimismo, las utilidades por acción alcanzaron los 48,26 pesos, superando la expectativa de 43,05 pesos. Al cierre del ejercicio anual, Ecopetrol consolidó ingresos totales por 119,69 billones de pesos y una utilidad neta que ascendió a los 9,01 billones de pesos.
La respuesta de Petro y la apuesta energética
Ante estos resultados, el primer mandatario Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para desestimar las críticas de sectores de la oposición que sugerían una supuesta crisis financiera en la petrolera. El presidente calificó dichas advertencias como carentes de fundamentos y planteó una hoja de ruta centrada en la transición ecológica y la cooperación regional.
“Este es el movimiento de como se dispara la rentabilidad de Ecopetrol en los últimos seis meses Se debe al crecimiento del precio internacional del petróleo. Es un momento para que Ecopetrol invierta al máximo en energías limpias y, en la articulación energética con Venezuela y Panamá”
El mensaje del jefe de Estado no solo se limitó al ámbito económico, sino que derivó en una denuncia sobre presuntas presiones externas que buscarían afectar proyectos estratégicos del país.
Cuestionamientos al sistema judicial y el centro de datos
Petro manifestó su preocupación por la seguridad del mega data center proyectado en Santa Marta. Según sus declaraciones, existirían movimientos coordinados para influir en las próximas elecciones presidenciales mediante decisiones en los tribunales.
“Buscan dañar el mega data center de Santa Marta. Se creen seguros que tendrán la presidencia de la república. Pero para eso mueven magistrados que les devuelvan centenares de millones de solares a la empresa que hace el escrutinio electoral anulando el contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal”
Crisis en ISA e Internexa
En el centro de la controversia se encuentran dos empresas clave para la infraestructura del Estado: ISA, referente en transmisión eléctrica en la región, e Internexa, su brazo de telecomunicaciones que opera una red de fibra óptica en naciones como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. El presidente sostiene que existe un interés por retomar el control privado de estas entidades.
La situación de estas empresas es compleja:
- El Consejo de Estado procedió a anular el nombramiento del presidente de ISA.
- En Chile, la compañía fue sancionada con una multa que supera los 14 millones de dólares tras un incidente de apagón.
- Internexa enfrenta críticas por un contrato de 630.000 millones de pesos gestionado con el Ministerio de Ciencias.
Sobre este último punto, la propia Internexa admitió formalmente que su entonces representante legal suscribió el acuerdo sin contar con el aval de la junta directiva, un vicio legal que expertos consideran de difícil solución. Este conflicto pone en riesgo la conectividad del centro de datos en Santa Marta, una alianza con Emiratos Árabes Unidos que representa una inversión de más de 80 millones de dólares.
El polémico contrato de pasaportes
Finalmente, el mandatario abordó el cambio en la producción de pasaportes. Tras 17 años de gestión por parte de Thomas Greg & Sons, el Ejecutivo suscribió en julio de 2025 un convenio por 1,3 billones de pesos con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.
No obstante, la Procuraduría General interpuso una demanda de nulidad argumentando que la firma portuguesa no aportó el 50% del valor del convenio exigido por ley. Un tribunal ratificó la validez de esta demanda, rechazando el recurso presentado por la administración nacional. Gustavo Petro vinculó estas decisiones con un supuesto plan para favorecer a empresas privadas relacionadas con el escrutinio electoral, aunque su mensaje no incluyó pruebas específicas o expedientes técnicos para respaldar tales afirmaciones.
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