La situación de los derechos humanos en Cuba ha alcanzado un nuevo y alarmante hito. Al cierre del mes de febrero, la isla contabilizó 1.214 personas detenidas por razones políticas, de acuerdo con el monitoreo mensual de la organización Prisoners Defenders. Esta cifra representa el registro más elevado desde que la entidad inició el seguimiento sistemático de la población carcelaria en el país caribeño.
Javier Larrondo, quien preside la referida organización no gubernamental, señaló en declaraciones que
“la represión sigue siendo una constante frente a cualquier expresión de descontento”
. Según el análisis del periodo, se verificó el ingreso de 28 nuevos prisioneros políticos, mientras que 21 individuos fueron retirados del listado, mayoritariamente por haber completado sus sentencias relacionadas con las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021.
Uno de los casos más críticos es el de Luis Miguel Oña Jiménez, un manifestante del 11J que falleció mientras se encontraba bajo la tutela del Estado tras enfrentar condiciones extremas. Larrondo denunció que
“el régimen ha ocasionado la muerte del preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, tras años de encarcelamiento marcados por el abandono médico y la tortura en prisión”
.
El informe detalla la existencia de un patrón de persecución sistemática dirigido contra ciudadanos que no poseen una militancia política activa, pero que han manifestado sus críticas mediante el uso de carteles, grafitis o publicaciones en plataformas digitales. La figura jurídica de “propaganda contra el orden constitucional” se ha consolidado como el recurso legal predilecto de las autoridades para imponer sentencias severas. Muchos de estos arrestos ocurren de forma arbitraria, sin órdenes judiciales ni las debidas garantías procesales.
Casos de Ciudadanos Extranjeros y Muertes en Prisión
Un hecho relevante mencionado en el reporte es el de 10 ciudadanos panameños arrestados en territorio cubano tras entregar ayuda humanitaria y colaborar en la creación de carteles con mensajes de libertad. Al respecto, el presidente de la ONG explicó que se les imputa el delito de propaganda por el contenido de los mensajes, lo cual equivale a “censurar penalmente el derecho a la libertad de expresión”. La organización instó al gobierno de Panamá a gestionar su repatriación y reconocer la labor solidaria de sus nacionales.
Por otro lado, la ONG ha documentado el fallecimiento de siete prisioneros políticos desde el año 2023 en circunstancias que involucran torturas, negligencia médica o suicidios bajo custodia estatal. Además de Oña Jiménez, se registran los decesos de:
- Lázaro García Ríos
- Yoleisy Oviedo Rodríguez
- Manuel de Jesús Guillén Esplugas
- Yosandri Mulet Almarales
- Geraldo Díaz Alonso
- Luis Barrios Díaz
Menores de edad y Grupos Vulnerables en el Sistema Carcelario
La vulnerabilidad en las cárceles cubanas también afecta gravemente a sectores específicos. El documento indica que 31 menores de edad permanecen detenidos por causas políticas, un dato que el propio régimen admitió ante las Naciones Unidas. Estos adolescentes son recluidos en centros denominados “Escuelas de Formación Integral”, las cuales son administradas directamente por el Ministerio del Interior y no por autoridades educativas. Asimismo, el censo actual incluye a 131 mujeres y a 467 reclusos con patologías graves, junto a 47 personas con trastornos de salud mental que carecen de tratamiento adecuado.
La represión también ha golpeado con fuerza a miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Roilán Álvarez Rensoler se encuentra en estado crítico tras iniciar una huelga de hambre por su detención, mientras que activistas como Arlet Torres Ferrer y Fernando Vázquez Guerra fueron arrestados tras realizar denuncias públicas. Otros casos emblemáticos incluyen al profesor universitario Aniel Manuel Martín Barroso, sentenciado a una década de cárcel por pintar consignas, y a Felipe Rodríguez Ledesma, un hombre de 68 años arrestado por circular con un cartel en su triciclo.
Disturbios en el Penal de Canaleta
Durante el pasado mes, se reportó un violento incidente en la prisión de Canaleta, ubicada en Ciego de Ávila. Una manifestación interna fue sofocada por fuerzas especiales del Estado. Aunque testimonios recopilados sugieren la existencia de varios fallecidos, decenas de heridos y traslados masivos de internos, la versión oficial minimizó lo ocurrido calificándolo como un “incidente controlado”.
Para concluir, Larrondo enfatizó la gravedad de la situación actual en la isla:
“Estas cifras reflejan una realidad preocupante: la criminalización absoluta de la libertad de expresión y la persecución de quienes reclaman cambios políticos en Cuba a manos de un régimen criminal de lesa humanidad en sus últimos estertores, cuya única herramienta de control del poder es la represión más inhumana”
. Desde las protestas de julio de 2021, un total de 1.981 personas han sido privadas de libertad por causas políticas en la isla, de las cuales 1.834 terminaron efectivamente en centros penitenciarios.
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