La senadora de la oposición, María Fernanda Cabal, lanzó una serie de señalamientos frontales contra el presidente Gustavo Petro en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La legisladora no dudó en catalogar a la gestión actual como “el gobierno más corrupto de la historia”, en un momento donde las pesquisas judiciales y la confrontación política se intensifican.
A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, la congresista responsabilizó directamente al mandatario por las anomalías detectadas en la Ungrd. Cabal cuestionó la postura del jefe de Estado, quien ha manifestado no tener conocimiento previo sobre las irregularidades en el manejo de los fondos públicos de dicha entidad.

Dentro de su pronunciamiento, la senadora enfatizó la necesidad de que el país exija cuentas claras al Ejecutivo. En sus palabras textuales, expresó:
“Claro, Gustavo Petro, que su gobierno es el más corrupto de la historia. Jurídicamente no responderá aunque deberá hacerlo, pero políticamente este país le debe cobrar lo que hicieron con billones de pesos en la Ungrd”
.
Además, Cabal hizo hincapié en la situación legal de varios excolaboradores del presidente como prueba del deterioro institucional. “Tiene dos ministros presos, una directora de las regiones en la cárcel ¿y usted no sabía?”, sentenció la parlamentaria, refiriéndose a los procesos que adelantan los organismos competentes.
Avances en las investigaciones judiciales
El caso de la Ungrd ha tomado dimensiones críticas tras el avance de los expedientes en la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Diversos nombres cercanos al círculo gubernamental han sido vinculados formalmente a la investigación por el presunto desvío de recursos que debían destinarse a la atención de emergencias nacionales.
Entre los implicados destacados figuran Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera presidencial para las regiones, y Olmedo López, anterior director de la entidad. Ambos están bajo la lupa de las autoridades por supuestos manejos irregulares en la contratación y ejecución presupuestaria.
De igual manera, el exsubdirector de la institución, Sneyder Pinilla, ha aportado testimonios ante la justicia sobre un presunto esquema de pagos a miembros del Congreso y la adjudicación de contratos bajo condiciones anómalas. En este contexto, la Corte Suprema ordenó recientemente las capturas de los legisladores Wadith Manzur y Karen Manrique, profundizando la crisis institucional.
Confrontación entre el Ejecutivo y la prensa
Las críticas de María Fernanda Cabal coinciden con un tenso intercambio público entre el presidente Petro y el comunicador Néstor Morales, de Blu Radio.

En su espacio radial, Morales rebatió los argumentos de defensa del Gobierno y presentó un recuento de los funcionarios que actualmente enfrentan medidas privativas de la libertad o están siendo procesados por este escándalo. El periodista calificó los hechos en la Ungrd como uno de los episodios de corrupción más graves registrados en los últimos tiempos en Colombia, mencionando específicamente los casos de Ortiz, López y Pinilla.
La respuesta de Gustavo Petro
Ante el aluvión de críticas, el presidente Gustavo Petro utilizó nuevamente sus canales digitales para rechazar las tesis de una corrupción estructural en su mandato. El mandatario negó tajantemente que se hayan autorizado los denominados “cupos indicativos” o el reparto de dinero público a congresistas a cambio de respaldo legislativo.
El jefe de Estado aseguró que desde el inicio de su periodo de gobierno dio instrucciones precisas para eliminar estas prácticas. Según su versión, en el primer consejo de ministros advirtió sobre los riesgos de ceder ante presiones de sectores políticos tradicionales.

“Prohibí otorgarlos en cualquier lugar de la administración”, sostuvo Petro, insistiendo en que su gestión busca erradicar vicios del pasado. Para contextualizar su postura, el mandatario recordó antecedentes de otros gobiernos, mencionando que en el año 2000, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, se habrían instaurado sistemas similares de asignación de recursos para asegurar mayorías en el Parlamento a través de contratos estatales.
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