Tras una espera judicial de casi tres años, este martes arranca en Miami el juicio contra cuatro individuos señalados por participar en la conspiración para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El magnicidio, ocurrido en 2021, no solo terminó con la vida del mandatario, sino que desencadenó una espiral de violencia y descontrol que mantiene a la nación caribeña en una crisis profunda hasta la actualidad.
De acuerdo con los informes de la fiscalía, el último presidente electo de los haitianos se encontraba en su habitación durante la madrugada del 7 de julio de 2021. En ese momento, un grupo de atacantes irrumpió en su residencia y lo ejecutó con un total de 12 disparos que impactaron en su rostro, pecho y extremidades, provocándole la muerte de forma inmediata.
La investigación inicial del gobierno de Estados Unidos imputó originalmente a 11 hombres por este complot. La trama involucraba a un grupo de exmilitares colombianos que habían sido contratados a través de una firma de seguridad asentada en el sur de Florida. Este violento suceso permitió que diversas pandillas armadas tomaran el control de sectores estratégicos de Puerto Príncipe, agravando la situación humanitaria del país.
Situación legal de los implicados
Del grupo original de 11 acusados, cinco ya se declararon culpables y han recibido sentencias de cadena perpetua. Un sexto individuo fue condenado a nueve años de prisión tras admitir que suministró chalecos antibalas a los ejecutores del plan. Por otro lado, un séptimo acusado tuvo que postergar su comparecencia por complicaciones médicas, dejando a los cuatro restantes como los protagonistas del proceso judicial que se desarrolla ahora en Miami.
Mientras este juicio avanza en suelo estadounidense, la gran mayoría de los exsoldados colombianos involucrados permanecen recluidos en Haití, enfrentando un proceso legal paralelo en dicha jurisdicción. Sin embargo, el caso en Florida se limita exclusivamente a los sujetos vinculados operativamente con el estado, lo que ha generado críticas sobre la profundidad de la investigación.
«La parte haitiana de la ecuación está notoriamente ausente», señaló Jake Johnston, especialista del Centro de Investigación Económica y Política de Washington D. C., quien ha colaborado en la revisión de pruebas para la defensa de uno de los implicados.
¿Quiénes se sientan en el banquillo?
El foco de este juicio recae sobre la compañía Counter Terrorist Unit Federal Academy (CTU) y sus directivos principales: el venezolano-estadounidense Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel Ortiz. Según la tesis fiscal, ellos fueron los responsables de reclutar a los mercenarios en Colombia.
A ellos se suma el socio comercial Walter Veintemilla, de origen ecuatoriano-estadounidense, señalado como el financista de las operaciones de CTU en territorio haitiano. El cuarto procesado es James Solages, un agente de seguridad de nacionalidad estadounidense-haitiana. Un quinto implicado, el pastor Christian Sanon, será juzgado más adelante debido a que fue sometido a una cirugía de cáncer recientemente.
Los procesados enfrentan cargos por conspiración para secuestrar y asesinar a una persona fuera de las fronteras estadounidenses, delitos que podrían acarrearles la cadena perpetua. En contraste, la lista de sospechosos en Haití es considerablemente más extensa, incluyendo a exjueces, funcionarios gubernamentales y altos mandos de la policía.
Argumentos de la defensa y pruebas clave
La fiscalía sostiene que el objetivo final era obtener contratos estatales lucrativos una vez que Moïse fuera removido. No obstante, los abogados defensores alegan que sus clientes creían estar participando en una operación de arresto legal por presuntos actos de corrupción del mandatario. Martine Moïse, viuda del presidente y sobreviviente del ataque, testificará sobre lo ocurrido aquella noche, donde asegura haber escuchado a los atacantes hablar en español.
«En algún momento, un grupo de haitianos decidió que iban a asesinar al presidente. Mi cliente no tenía ni idea de nada de eso», afirmó Emmanuel Pérez, representante legal de Intriago, argumentando que su defendido estaba en Texas el día del crimen.
Entre las evidencias que el jurado deberá analizar se encuentran imágenes del sitio del suceso y un video captado por un dron que sobrevolaba la zona. También se presentarán pruebas de balística y un audio de seguridad donde supuestamente se escucha a Solages advertir que «Jovenel no va a salir vivo del país».
Finalmente, se debatirá sobre una orden de arresto contra el presidente que los acusados consideraban válida. No obstante, el juez Jean Noelcius ha declarado recientemente que fue forzado a firmarla sin tener la autoridad necesaria para ello. «Me utilizaron como a una marioneta», sentenció el magistrado ante el tribunal.
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