La organización no gubernamental Foro Penal dio a conocer este domingo que, desde el pasado 8 de enero, al menos 670 presos políticos en Venezuela han recuperado su libertad. Estas medidas se enmarcan en los procesos de liberación vinculados a la aplicación de la nueva Ley de Amnistía.
El balance fue presentado por Alfredo Romero, director presidente de la entidad, quien aclaró que las liberaciones se han gestionado tanto en el periodo previo como en el posterior a la validación legal de dicha normativa, ocurrida formalmente en el mes de febrero.
El directivo no ofreció detalles específicos sobre cuántos de estos ciudadanos gozan ahora de libertad plena y cuántos se mantienen sujetos a procesos judiciales con medidas cautelares, tales como el régimen de presentaciones periódicas ante los tribunales o la prohibición de salir del país. Asimismo, no se determinó con precisión el total de personas beneficiadas de forma directa exclusivamente por la legislación de amnistía.
“La cifra incluye a presos políticos liberados antes y después de la aprobación de la ley”
Este movimiento de excarcelaciones responde a una intensa presión ejercida por activistas de derechos humanos, organizaciones civiles y familiares, quienes exigen el cese de las detenciones por motivos ideológicos y la libertad total de los afectados.
No obstante, las estadísticas del Foro Penal advierten que todavía existen 526 personas privadas de libertad por causas políticas. En contraste, la cúpula gubernamental rechaza la existencia de prisioneros de conciencia, alegando que los arrestados enfrentan cargos por delitos de índole común.
Alcance de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía, sancionada por el Parlamento venezolano en febrero, tiene un alcance temporal de 27 años, abarcando desde 1999 hasta febrero de 2026. La norma contempla beneficios legales vinculados a 13 eventos específicos ocurridos durante este periodo.
Según las cifras oficiales del Legislativo, hasta el momento 7.654 individuos han recibido beneficios bajo este marco legal. De ese total, 247 se encontraban efectivamente en centros de reclusión, mientras que 7.407 estaban sujetos a medidas cautelares diversas.
Entre los procedimientos más recientes se destaca la salida de al menos 12 personas que permanecían en la sede policial del este de Caracas conocida como Zona 7.
Dentro de este grupo figuran activistas y líderes sindicales como Renny Chourio, Omar Torres y Gilberto Alcalá. Estos ciudadanos confirmaron que su liberación está condicionada a la obligación de cumplir con presentaciones judiciales periódicas.
Al recuperar su libertad, Omar Torres manifestó su alegría ante los medios:
“Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar ni de culpabilizar a ningún sistema”
. Por su parte, Gilberto Alcalá vinculó su aprehensión con reclamos de carácter laboral que había encabezado previamente.
La movilización social ha cobrado fuerza con campamentos improvisados por familiares de los detenidos en las afueras de los centros de reclusión. Allí, organizan actividades públicas para visibilizar su lucha y exigir que sus allegados sean liberados definitivamente.
Narwin Gil, cuyo hermano continúa tras las rejas, hizo un llamado directo a Delcy Rodríguez, instándola a constatar personalmente la situación de los calabozos y a solidarizarse con los afectados.
“Así como usted sale a cumplir con sus labores, puede venir para acá”
Los allegados también señalaron el incumplimiento de los compromisos de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien tras visitar el centro hace un mes, aseguró que todos los detenidos quedarían libres tras la aprobación de la ley. Denunciaron que más de 30 presos políticos aún siguen en Zona 7 y que la salud de varias madres se ha deteriorado durante la espera.
Finalmente, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática elevó la cifra de excarcelados a 675 desde el inicio de enero. La organización exigió que los procesos venideros sean “masivos, expeditos, públicos y transparentes” para garantizar la libertad de todos los prisioneros políticos en el territorio nacional.
Mientras el régimen insiste en la legalidad de las detenciones y niega la persecución política, la persistencia de casos sin resolver mantiene en alerta a la comunidad internacional.
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