En el marco del inicio de la jornada para las elecciones legislativas y consultas presidenciales de este domingo 8 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro ofreció un discurso desde la emblemática Plaza de Bolívar, en Bogotá. El mandatario hizo un balance sobre la etapa de preparación para estos comicios, destacando que, dentro de los retos de orden público que enfrenta la nación, el proceso se ha desarrollado en términos pacíficos.
“Podemos decir que hemos llegado a este día en relativa paz”
No obstante, el jefe de Estado fue enfático al manifestar sus reservas respecto a las garantías de transparencia en el sistema electoral vigente. Petro reiteró sus cuestionamientos sobre el software electoral, señalando que, según sus indagaciones, la herramienta tecnológica no ha sido sometida a las auditorías correspondientes. El presidente recordó que existe una deuda histórica con la transparencia técnica del país.
“He hecho públicas mis afirmaciones, de las que no me retracto (…). Desde el año 2018, no se aplica la orden dada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, ya completamos ocho años, lo he repetido una y otra vez”, sentenció el mandatario, subrayando la urgencia de que los partidos políticos y las organizaciones de veeduría cuenten con instrumentos expertos para auditar los códigos fuente de preconteo y escrutinio.
Exigencia de un sistema bajo control estatal
El presidente hizo un llamado directo a las instituciones para terminar con la dependencia de proveedores privados en temas de soberanía electoral.
“Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada”
El jefe de Estado también destacó el papel de la vigilancia civil en este proceso. Según sus cifras, aproximadamente 1.000.000 de ciudadanos se encuentran actualmente custodiando el sufragio en todo el territorio nacional. “Yo le ruego a esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe de Estado, el cuidado transparente de las elecciones”, manifestó Petro.
En cuanto a la seguridad y la lucha contra la corrupción en las urnas, el mandatario informó que la Policía Nacional tiene un despliegue sin precedentes para combatir delitos electorales. Hasta el momento, las operaciones policiales han permitido la incautación de $4.000 millones que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estaban destinados a la compra y venta de votos.
Sobre este punto, el mandatario advirtió que esta suma es solo una pequeña fracción de los recursos que las mafias movilizan. “Es una cifra minúscula a lo que sabemos que existe. Es el mecanismo por medio del cual, agrupaciones muy poderosas de la delincuencia, generalmente ligadas al narcotráfico, a la economía ilícita del oro, mafias, le llamo yo, se apoderan de la ley, se apoderan de las instituciones”, puntualizó.
Solicitud a la Fiscalía y respuesta de la Registraduría
Ante este escenario, Gustavo Petro solicitó la intervención activa de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. El presidente instó al ente acusador a agilizar las investigaciones sobre las redes de compra de votos y a dar respaldo legal a los allanamientos en los puntos críticos ya identificados por la inteligencia policial.
Por su parte, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, salió al paso de las críticas asegurando que existen plenas garantías para los 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. Penagos defendió la transparencia del organismo y enumeró las acciones ejecutadas para blindar el proceso:
- Ejecución de auditorías internacionales que validaron los códigos fuente y los sistemas de escrutinio.
- Acompañamiento constante de auditores delegados por los diferentes partidos políticos.
- Implementación del proceso de congelación de los software para evitar manipulaciones de último minuto.
El Registrador concluyó asegurando que, una vez cerradas las urnas a las 4:00 p. m., todas las entidades que poseen los códigos fuente podrán confirmar que no existieron alteraciones en el sistema de consolidación de resultados.
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