En una medida contundente frente a la integridad de los comicios, el mandatario colombiano Gustavo Petro ha instado a la Fiscalía General de la Nación a realizar registros en inmuebles sospechosos de funcionar como centros de adquisición de sufragios en el departamento de Córdoba. La petición, difundida a través de sus canales oficiales, también se extendió al Registrador Nacional, a quien le solicitó una vigilancia rigurosa sobre la delegación de la registraduría en dicha zona, adelantando que presentará denuncias formales por actos de corrupción electoral en esa institución.
“Le solicito a Fiscalía proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba. Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a Fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad. La UIAF debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”
Monitoreo financiero a cargo de la UIAF
El jefe de Estado puso especial énfasis en la necesidad de fiscalizar los movimientos de capital a través de medios digitales que pudiesen estar vinculados a la captación ilícita de votos. Según Petro, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tiene la responsabilidad de identificar estructuras criminales y reportar sus hallazgos a las instancias judiciales correspondientes. Esta estrategia de supervisión busca blindar el proceso electoral previo a las votaciones legislativas y consultas presidenciales programadas para el 8 de marzo de 2026.
Incautaciones en Nariño y estadísticas de la MOE
Esta alerta presidencial ocurre en un marco de tensión tras la reciente incautación de 58 millones de pesos en Tumaco, Nariño, dinero que aparentemente sería utilizado para la compra de conciencias. En dicho procedimiento, las autoridades lograron la captura de cuatro individuos. Paralelamente, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que, hasta el mediodía del 7 de marzo de 2026, se han contabilizado 249 alertas ciudadanas sobre posibles irregularidades a través de su herramienta Pilas con el Voto, con reportes tanto de regiones nacionales como del extranjero.
La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, subrayó la relevancia de la participación ciudadana en el control de las elecciones. Recordó que los canales de denuncia, como el sitio web oficial y la línea de WhatsApp 3152661969, permanecen operativos. Al respecto, Barrios expresó:
“La información que llega a esta plataforma es el reflejo de una sociedad que además de votar, quiere proteger la integridad de su democracia”.
Como novedad en este proceso, se ha establecido una colaboración estratégica con la empresa Uber. A través de su aplicación móvil, los usuarios podrán encontrar un acceso directo que los conectará con el portal de la MOE, facilitando el reporte de anomalías de manera inmediata durante el desarrollo de la jornada electoral.
Análisis de las anomalías reportadas
De acuerdo con el balance consolidado por la organización observadora, las quejas de los ciudadanos se centran fundamentalmente en dos ejes críticos: la vulneración de la libertad del votante y la intervención ilícita de servidores públicos en actividades proselitistas.
Amenazas a la libre elección
Las denuncias sobre coacción al sufragante incluyen esquemas de compra y venta de votos, así como presiones ejercidas dentro de organizaciones públicas o privadas, donde se condicionan contratos o puestos laborales. Las zonas con mayor número de reportes en esta categoría incluyen a Bogotá, Atlántico, Cesar, Santander y Risaralda.
Sobre este tema, Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, advirtió: “Hemos recibido alertas sobre comportamientos que podrían afectar la libre decisión del electorado. Instamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y sancionatorias inmediatas”.
Participación ilegal de funcionarios en política
En el ámbito de la conducta de los empleados del Estado, se han detectado posibles irregularidades que involucran el uso de recursos públicos para campañas políticas y el hostigamiento a subordinados para favorecer candidaturas específicas. Las regiones donde se han concentrado estas denuncias son Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Caldas y Huila.
Finalmente, Muñoz destacó que cada dato recopilado mediante las plataformas de denuncia permite a las autoridades “poner la lupa donde la transparencia electoral corre peligro”, garantizando un seguimiento riguroso de cada caso.
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