El escenario legal referente al patrimonio de la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y sus descendientes ha entrado en una fase determinante. La Cámara Federal de Casación Penal se encuentra próxima a dictaminar sobre las apelaciones presentadas contra una orden previa de incautación que involucra 111 inmuebles, pertenecientes tanto a la familia Kirchner como al empresario condenado Lázaro Báez. En este listado sobresalen 19 propiedades situadas en Santa Cruz que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
De manera simultánea, el tribunal encargado del juicio oral en el caso Vialidad ha instruido nuevas diligencias probatorias antes de resolver otra petición formal de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Dicha solicitud busca ampliar el espectro de los bienes afectados e incluye el secuestro de una suma cercana a los cinco millones de dólares.
Este proceso se desarrolla actualmente en la etapa de ejecución de la sentencia que culminó con la condena de la expresidenta y otros implicados por irregularidades en la concesión del 80% de las obras públicas viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, otorgadas a las compañías de Báez. En ese veredicto se estableció un decomiso millonario que, tras ser actualizado y validado por Casación, alcanza la cifra de $684.990.350.139,86 pesos.
Dicha medida fue instruida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, siendo esta la cantidad que la administración de justicia pretende recuperar íntegramente.
H3: El conflicto jurídico por los bienes inmuebles
La resolución del tribunal oral consideró inicialmente un conjunto de 111 propiedades, cuya liquidación permitiría saldar una parte del monto determinado en la condena. Dentro de ese inventario se hallan los 19 activos registrados bajo la titularidad de los hijos de la exjefa de Estado, Máximo y Florencia Kirchner. El expediente está siendo evaluado actualmente por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, miembros de la Sala IV de Casación.
La representación legal de CFK ha impugnado enérgicamente esta decisión. En sus argumentos, la defensa calificó la medida como
“manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal”
. De igual forma, destacaron que la cifra final del decomiso no cuenta con firmeza, debido a que existen recursos pendientes de tratamiento ante la Corte Suprema.
Asimismo, los abogados señalaron que se habría ordenado
“el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento”
.
Los juristas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que el criterio de incautación aplicado por el tribunal sobrepasa lo establecido en las leyes actuales. Al respecto, afirmaron que se recurrió a
“un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente”
.
Desde la perspectiva de la defensa, esta interpretación facultaría la afectación de bienes que no poseen una relación directa con el delito bajo investigación. En el escrito presentado, advierten que dicho sistema
“transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución”
.
H3: La postura del Ministerio Público Fiscal
El fiscal ante la instancia de Casación, Mario Villar, recordó en su dictamen que la sentencia condenatoria adquirió firmeza en junio de 2025 y que la medida de decomiso es proporcional al daño económico infligido a las arcas del Estado.
Bajo este lineamiento, la fiscalía mantiene que los activos identificados son parte del proceso ejecutivo que busca restituir el dinero proveniente de las maniobras de corrupción detectadas. Se enfatizó que el decomiso es un instrumento esencial para garantizar la eficacia de las penas en casos de corrupción organizada compleja.
Villar subrayó la gravedad institucional de los delitos juzgados y puso el foco en la necesidad de evitar que la sanción penal se convierta en algo simplemente simbólico. La eventual subasta de los bienes se considera una
“respuesta adecuada”
frente
“a la magnitud del daño ocasionado”
.
H3: Ampliación del decomiso: Inmuebles y divisas extranjeras
Mientras la Cámara de Casación estudia los recursos mencionados, el Tribunal Oral Federal 2 tramita de forma paralela nuevos requerimientos de la fiscalía liderada por Diego Luciani para extender el alcance de las incautaciones.
En esta nueva fase, se han individualizado 141 inmuebles, 46 vehículos y diversas cantidades de dinero que, según el criterio fiscal, deben ser objeto de decomiso.
Entre los activos listados figuran 10 inmuebles —tres situados en la Ciudad de Buenos Aires y siete en la provincia de Santa Cruz— propiedad de la sociedad Los Sauces S.A., junto a tres bienes en Santa Cruz vinculados a Hotesur S.A., ambas firmas ligadas al entorno familiar de los Kirchner. Uno de estos inmuebles es el departamento ubicado en San José 1111, sitio donde la expresidenta cumple con el régimen de arresto domiciliario.
La petición también abarca una gran cantidad de activos propiedad de Lázaro Báez, destacando decenas de inmuebles a nombre de diversas empresas vinculadas a su grupo económico.
Uno de los aspectos más críticos de la solicitud fiscal recae sobre los fondos a nombre de Florencia Kirchner. Específicamente, se ha solicitado el decomiso de USD 4.664.000 custodiados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta bancaria y una cifra menor en moneda nacional; todos estos montos se encuentran bajo embargo preventivo en la actualidad.
Previamente a tomar una decisión sobre este nuevo pedido, el Tribunal Oral Federal 2 ha dispuesto medidas de verificación para constatar la situación legal y registral de los bienes señalados, así como su vínculo real con las sociedades investigadas. Una vez finalizadas estas tareas, se permitirá a las partes presentar sus posturas.
De este modo, mientras la Casación entra en la recta final para confirmar o revocar el decomiso de las primeras 111 propiedades, el tribunal que dictó la sentencia evalúa nuevos activos y millones de dólares adicionales que podrían ser alcanzados por el fallo. Se prevé que la disputa jurídica llegará a la Corte Suprema de Justicia e incluso a organismos internacionales, configurando un caso sin precedentes en la justicia argentina debido a los montos y los actores involucrados.
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