Las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social de Ecuador han incorporado, en los últimos años, a más mujeres en sus plantillas de servidores desde el más alto nivel. Un hito que vale la pena destacar este 8 de marzo, día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero que a la vez genera más desafíos por cumplir.
En la Función Ejecutiva, por ejemplo, más del 50 % del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa son mujeres, según comentó el pasado jueves 5 de febrero, en una entrevista con radio Canela, en Guayaquil. “Tenemos el primer gabinete paritario en la historia del Ecuador”, destacó el jefe de Estado.
En efecto, de los catorce ministerios y seis secretarías existentes, en doce hay mujeres a cargo, incluyendo la cartera de Salud, en la que su titular es la vicepresidenta María José Pinto.
Se trata de los ministerios de Relaciones Exteriores, con Gabriela Sommerfeld; de Economía y Finanzas, con Sariha Moya; de Gobierno, Nataly Morillo; de Ambiente y Energía, Inés Manzano; Educación, Deporte y Cultura, con Gilda Alcívar; y Zaida Rovira, de Inclusión Económica y Social; y de las secretarías de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gellibert; de Comunicación, Irene Vélez; de Pueblos y Nacionalidades, Julia Angulo; Administrativa de la Presidencia y de Inmobiliar, Marissa Péndola; y de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano.
En la Función Legislativa, las mujeres representan el 45 % de las legisladoras electas para el actual periodo legislativo 2025-2029. Son 68 de un total de 151.
En la mesa directiva de la Asamblea Nacional hay cuatro mujeres y cuatro hombres. En las vicepresidencias están Mishel Mancheno y Carmen Tiupul, y como vocales están Sade Fritschi y Mónica Salazar
Las mujeres presiden once de las quince comisiones legislativas permanentes existentes:
- Justicia y Estructura del Estado: Rossy Torres
- Régimen Económico: Nathaly Farinango
- Desarrollo Económico: Valentina Centeno
- Relaciones Internacionales: Lucía Jaramillo
- Biodiversidad: Camila León
- Soberanía Alimentaria: Janina Rizzo
- Gobiernos Autónomos: Lucía Pozo
- Educación: Rosa Cecilia Baltazar
- Transparencia: Diana Jácome
- Soberanía y Seguridad: Inés Alarcón
- Niñez y Adolescencia: Viviana Veloz
Además, las servidoras legislativas (que incluye personal administrativo, técnico, asesoras y otros puestos) suman 559 de un total de 1.228 empleados, también el 45 %, según datos proporcionados por la Asamblea Nacional.
En tanto que el Consejo de la Judicatura (CJ) reporta que de los 1.817 jueces a nivel nacional, 772 son mujeres. O sea, el 42 %.
De estas, 6 son juezas nacionales, 2 son conjuezas nacionales, 83 están en las cortes provinciales, 51 están en tribunales de garantías penales, 4 en tribunales distritales contencioso administrativos, 9 en tribunales distritales provinciales y 617 son juezas de primer nivel, según la información entregada a EL UNIVERSO por el Departamento de Talento Humano del CJ.
Seis juezas presiden cortes provinciales en El Oro, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Bolívar y Morona Santiago.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay 1.082 servidores a nivel nacional, de los cuales 544 son mujeres y 538 son hombres.
A nivel del pleno, de los cinco consejeros, tres son mujeres y dos hombres. Las mujeres son Diana Atamaint, quien es la presidenta, y Esthela Acero y Elena Nájera.
Asimismo, la mitad de los 24 directores de las delegaciones provinciales son mujeres.
En la planta central hay 269 servidoras mujeres y 238 hombres; y, en las delegaciones, 275 mujeres y 300 hombres.
Y, finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene una plantilla de 302 funcionarios, de los cuales 154 (50,99 %) son mujeres y 148 (49,01 %), hombres, según el informe de rendición de cuentas presentado en la Asamblea Nacional.
De los 28 cargos correspondientes a autoridades y nivel jerárquico superior, 16 son ocupados por hombres y 12 por mujeres.
Las consejeras mujeres son cuatro de siete en total: Jazmín Enríquez, Nicole Bonifaz, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto.
A nivel de autoridades locales electas en los comicios del 2023, en tanto, hay 46 mujeres que son alcaldesas, de un total de 222; y hay 7 que son prefectas, de un total de 23.
Las leyes de paridad ayudaron, pero aún hay obstáculos
La politóloga Tatiana Quinga destaca la creciente participación de las mujeres en la política nacional.
En el caso del gabinete de ministros, Quinga dice que el Gobierno sí ha tenido mucha apertura para las mujeres.
“Hay críticas muy fuertes respecto a que si bien llegan a ser partícipes de puestos de alto rango, las mujeres usualmente son relegadas a los ministerios muy relacionados con la política social. Pero no ha sido el caso de Noboa ya que tiene a mujeres en carteras fuertes como las de Economía, Gobierno y Energía… Esto es un avance importante”, manifiesta la analista.
En cuento a la legislatura, sostiene que los partidos políticos todavía no dan a las mujeres el espacio que se han ganado.
Y respecto de la Función Judicial, señala que es una carrera diferente a las de otras autoridades, en el que la injerencia política es menos evidente, lo cual no significa que no sufran los mismos problemas de violencia de género.
Ella explica que hay tres obstáculos que impiden una mayor presencia femenina en puestos de poder o de decisión.
“Uno, la desconfianza por ser mujer; dos, la resistencia al cambio, sobre todo en los partidos políticos; y tres, los estereotipos de género. En los partidos hay casos de lideresas importantes, por ejemplo Luisa González en la Revolución Ciudadana, pero en su entorno, en el buró político, los que mandan son los hombres, y eso pasa en la mayoría, por no decir en todos. Las leyes de paridad de género han ayudado muchísimo para que la participación política de las mujeres sea más grande y evidente, pero estos tres obstáculos que le menciono persisten”, señala Quinga.
Uno de los retos más grandes de las mujeres que participan en política es hacer que su voz y su decisión sean tomadas en cuenta, algo que no se logra solo con las leyes, sino que está anclado a la cultura política, y dentro de eso juegan un rol importante los partidos políticos, agrega la politóloga.
Hacia el Sello de Igualdad de Género en Instituciones Públicas
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó un Sello de Igualdad de Género en Instituciones Públicas, cuyo objetivo es “acelerar la transformación institucional para generar un Estado inclusivo y mejorar la eficacia de los servicios públicos”.
Para ellos se usan estándares globales, herramientas y acompañamiento sostenido, para mejorar la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas con enfoque de género, reseña la web del PNUD.
Actualmente, este programa se está implementado con más de 113 instituciones públicas en más de 31 países a nivel mundial. De ellas, un 35 % han sido premiadas, 5 % han recibido un diploma y un 60 % están en la etapa de implementación. El 72 % están en América Latina y el Caribe, 18 % en África y 5 % en Europa y Asia Pacífico.
En Ecuador, hay seis instituciones que están en proceso para obtener dicho sello. Son las siguientes:
- Gobierno Provincial de Azuay
- BanEcuador
- Ministerio de Energía y Ambiente
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
- Defensoría Pública
- Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
El proceso se desarrolla en cinco etapas:
1. Compromiso: establecimiento de acuerdos y formación de un Comité de Igualdad.
2. Línea de base: autodiagnóstico para identificar brechas de género actuales.
3. Plan de acción: implementación de mejoras y fortalecimiento de capacidades.
4. Evaluación externa: auditoría final realizada por especialistas externos seleccionados por el PNUD.
5. Premiación: otorgamiento del distintivo correspondiente según el puntaje alcanzado. (I)
Fuente: El Universo