En una acción legal decisiva, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), representada por su equipo legal en Nueva York, ha interpuesto una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones. El objetivo central es detener el avance del intrusivo proceso conocido como “Discovery”, el cual ha sido impulsado por los demandantes y calificado por la defensa argentina como un intento de transformar el litigio “en un circo”.
Esta maniobra constituye la primera gran intervención de Sebastián Amerio en su rol como Procurador del Tesoro, tras haber sido ratificada su designación recientemente. Se trata del desafío jurídico de mayor envergadura que enfrenta actualmente el cuerpo de abogados del Estado, dada la magnitud de las cifras y los intereses en juego.
El litigio, que se desarrolla desde hace más de una década bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska en Nueva York, alcanzó un punto crítico en 2023 con un fallo adverso en primera instancia. Dicha sentencia condenó a la República a pagar la suma de USD 16.000 millones debido a irregularidades en la expropiación de la petrolera en 2012, durante el mandato de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Actualmente, debido al acumulado de intereses, la deuda ya sobrepasa los USD 18.000 millones.
Mientras la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York analiza la apelación de fondo —cuya resolución se espera para los próximos meses—, Burford Capital, principal beneficiario de la demanda, ha intensificado sus acciones para ejecutar el cobro. Entre estas tácticas se encuentran pedidos de turnover de acciones, solicitudes para declarar al Estado en desacato e intentos por establecer la teoría del alter ego, buscando demostrar que el Estado y la compañía YPF funcionan como una única entidad.
Ante este complejo panorama de múltiples frentes judiciales, el Estado Argentino solicita con carácter de urgencia paralizar estas acciones secundarias hasta que se determine la validez del fallo original emitido por Preska. La PTN insiste en que el proceso de producción de pruebas posterior a la sentencia debe suspenderse de inmediato mientras se dirime la apelación principal.
De manera detallada, el organismo informó que la solicitud busca detener la exhibición de documentos, los pedidos de sanciones y la audiencia probatoria que ha sido programada entre el 21 y el 23 de abril de 2026. Un punto relevante en esta defensa es el respaldo recibido por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que el pasado 26 de febrero presentó un escrito a favor de la postura argentina.
El gobierno estadounidense advirtió que el nivel de discovery exigido resulta excesivamente intrusivo y podría vulnerar principios de reciprocidad internacional, afectando incluso la política exterior. Por este motivo, el Departamento de Justicia ha solicitado intervenir oralmente en la audiencia prevista para el 16 de abril, relacionada con la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF.
En su argumentación, la República sostiene que la suspensión está plenamente fundamentada en la posibilidad real de revertir el fallo, basándose en la incorrecta aplicación del derecho argentino y el concepto de forum non conveniens. Asimismo, se advierte que continuar con el proceso de pruebas genera un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y la estabilidad financiera de la nación.
La PTN, bajo la dirección de Amerio, enfatizó que el país ha colaborado activamente con la justicia neoyorquina, aportando más de 115.000 páginas de documentación y permitiendo 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alta jerarquía. A esto se suman 800 páginas extra y 86 notas de voz provenientes de dispositivos personales, pese a lo cual los demandantes persisten en solicitar sanciones que Argentina considera desproporcionadas.
“Desde entonces, mientras se espera la decisión sobre el fondo de este Tribunal, los demandantes han convertido la producción de pruebas relacionada con la ejecución en un circo”, señala el documento oficial.
Reestructuración en la Procuración del Tesoro
Coincidiendo con estos movimientos judiciales, se han formalizado cambios en la estructura de mando del organismo. Sebastián Amerio asumió oficialmente la titularidad de la PTN, mientras que Santiago María Castro Videla, quien se encontraba al frente de la entidad, ha pasado a desempeñarse como subprocurador.
Esta nueva gestión contará además con la colaboración de Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija, quienes ocupan los otros dos cargos de subprocurador en la institución encargada de la defensa legal del Estado.
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