Ante la compleja situación energética que atraviesa el Perú, derivada de una avería persistente en el ducto de Camisea, ubicado en la región de Cusco, el Ejecutivo ha oficializado un paquete de medidas de urgencia. El objetivo principal de estas disposiciones es salvaguardar el acceso al gas natural en el ámbito doméstico, tras casi una semana de registrarse problemas en la distribución de combustible.
El anuncio fue liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante una comparecencia ante los medios este viernes 6 de marzo. Según detalló la alta funcionaria, las acciones se concentrarán con mayor fuerza en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.
“Para atender esta contingencia energética, estamos adoptando medidas adicionales, sobre todo, para Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas de más de 2 millones de hogares y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, manifestó la premier Miralles.
Paralelamente, se confirmó que el mandatario José María Balcázar, en compañía de diversos ministros de Estado, se trasladará hacia la zona de Cusco. El propósito de este viaje oficial es monitorear de primera mano las tareas de reparación técnica y asegurar el pronto restablecimiento del transporte del recurso energético por el ducto afectado.
Priorización del servicio en Lima y Callao
Como parte del plan de contingencia, se ha instaurado un esquema de racionalización del gas natural. Esta estrategia busca que el suministro sea canalizado de forma ordenada hacia los sectores más vulnerables y críticos:
- Se dará prioridad absoluta a los más de 2 millones de familias que requieren gas para sus necesidades básicas diarias.
- La distribución se enfocará en optimizar el recurso para proteger a la ciudadanía y mantener operativos los servicios de salud y el transporte público masivo.
Acciones para fortalecer el abastecimiento energético
El Ministerio de Energía y Minas procederá con la ratificación de un marco legal que faculte la liberación de reservas de combustibles para consumo interno. Entre las facultades otorgadas se incluye la flexibilización en las normativas de mezcla con biocombustibles y otros ajustes técnicos en la producción, con el fin de incrementar el stock disponible en el mercado peruano.
Bajo este esquema de racionamiento, se ha garantizado que el flujo de gas no se interrumpirá para actividades fundamentales, tales como:
- Salud y servicios básicos.
- Industrias alimentarias y logística.
- Telecomunicaciones y sistema financiero.
- Seguridad ciudadana, orden interno y la continuidad del proceso electoral.
Subsidios y apoyo económico a la población
Con el fin de mitigar el impacto económico en las familias, se anunció un ajuste en el vale FISE, destinado a la adquisición de balones de gas de 10 kg. Este beneficio económico subirá de S/20 a S/30 por un lapso de 30 días, favoreciendo directamente a 1.3 millones de familias (aproximadamente 5 millones de ciudadanos).
En el sector transporte, se ha diseñado un plan de compensación para los taxistas que operan con vehículos convertidos a gas natural. El Estado asumirá el costo del pago mínimo mensual de las deudas por conversión durante la emergencia, una medida que alcanzará a 165 mil unidades vehiculares.
Disposiciones laborales y educativas
Debido a la restricción en la movilidad y el uso de energía, se han establecido las siguientes pautas en Lima y Callao:
- Teletrabajo obligatorio para los trabajadores del sector público.
- Exhortación a la empresa privada para implementar el trabajo remoto.
- Sugerencia de adelantar el periodo de vacaciones en industrias que se vean impactadas por la falta de gas.
- En el sector educativo, se dictaminó que todas las instituciones (colegios, institutos y universidades privadas) impartan clases exclusivamente en modalidad virtual durante una semana.
Vigilancia contra la especulación
Para evitar abusos durante la crisis, INDECOPI ha recibido instrucciones de intensificar los operativos de fiscalización en las estaciones de servicio (grifos), previniendo el acaparamiento. Asimismo, OSINERGMIN fortalecerá el control sobre la cadena de distribución.
Finalmente, se introducirán precisiones en el Código de Protección al Consumidor para calificar el acaparamiento en estados de emergencia como una infracción grave, sujeta a severas sanciones administrativas y legales.
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