El fiscal federal Carlos Stornelli ha formalizado un pedido ante la justicia para extender la citación a indagatoria del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Esta solicitud se enmarca en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por la administración chavista, centrándose específicamente en las intimidaciones proferidas contra la referente política Elisa Trotta y su progenitora, Raquel Gamus.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal Nº 2, liderado por el magistrado Sebastián Ramos. Es importante destacar que este mismo juez solicitó recientemente la extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con la intención de que el mandatario venezolano comparezca en Argentina para prestar declaración. Además, en la jornada previa, se citó como testigo al gendarme Nahuel Gallo, quien retornó al país tras permanecer recluido por más de 400 días en centros de detención venezolanos.
Los incidentes que originaron esta acción de la fiscalía se remontan al 3 de diciembre de 2025. Durante esa noche, específicamente a las 22:18, Diosdado Cabello utilizó su espacio televisivo “Con el Mazo Dando”, transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión, para atacar frontalmente a ambas mujeres. Debido a estos amedrentamientos, la madre de la activista se vio obligada a cancelar su retorno a Venezuela, el cual estaba programado para el 12 de abril de 2025, optando por permanecer en suelo argentino por seguridad.
Esta ampliación de la causa surge tras la denuncia interpuesta por el letrado Tomás Farini Duggan, quien actúa en representación del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER). El dictamen fiscal caracteriza estas acciones como una modalidad de terrorismo de Estado, señalando que la gestión gubernamental emplea medios de comunicación y redes sociales para anunciar futuras desapariciones forzadas, sesiones de tortura o ejecuciones extrajudiciales.
Tácticas de amedrentamiento y control social
El documento judicial detalla métodos represivos particulares, como la conocida “Operación Tun Tun”. Este procedimiento consiste en irrumpir en los hogares de ciudadanos seleccionados de manera arbitraria para proceder con su detención, tortura o asesinato. Posteriormente, el aparato comunicacional del Estado difunde grabaciones de estas capturas acompañadas de música de suspenso y efectos visuales de celdas cerrándose, con el fin deliberado de sembrar el pánico entre la población civil.
La pieza judicial elaborada por Stornelli rescata fragmentos cruciales de la declaración testimonial de Elisa Trotta. Durante su exposición, la dirigente explicó la operatividad del programa televisivo:
“Es un programa de televisión que maneja Diosdado Cabello, el segundo a cargo del régimen venezolano y quien esta formalmente a cargo de la represión del gobierno ya que fue nombrado Ministerio del Interior”
, manifestó la víctima ante las autoridades.
La activista subrayó que el país caribeño atraviesa una dictadura que “promueve y lleva adelante el terrorismo de estado” y que utiliza este medio para marcar a los objetivos políticos.
“Yo soy una activista y dirigente política que hace muchos años viene denunciando al régimen venezolano y en esta oportunidad me tocó a mí. Desde el 2011 resido en Argentina y desde el año 2019 aumentó mi exposición política”
, detalló la afectada.
Trotta alertó sobre la peligrosidad del escenario, calificando las advertencias como una amenaza real. Indicó que la represión ha cruzado las fronteras:
“Consideramos que es una amenaza real, preocupante y que además lamentablemente hemos visto como la represión en Venezuela no solo se está circunscribiendo al territorio venezolano, sino que se ha extendido al ámbito internacional, denominada represión trasnacional”
. Asimismo, confesó el temor de que se tomen represalias directas contra su integridad física en Argentina.
El fiscal Carlos Stornelli ha clasificado estas conductas bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad, argumentando que se ajustan a las definiciones del Estatuto de Roma respecto a actos inhumanos y traslados forzosos. En el marco legal interno, estos hechos constituyen el delito de coacción calificada, agravada por la intención de aterrorizar a la sociedad. La justicia argentina interviene bajo el principio de jurisdicción universal, sustentado en la Constitución Nacional y la normativa penal vigente.
Cabe recordar que sobre Diosdado Cabello ya rige una orden de captura internacional emitida por el juzgado interviniente el 25 de septiembre de 2024. El fiscal reafirmó la vigencia de esta orden al solicitar la ampliación de la indagatoria. Ahora, el juez Sebastián Ramos deberá resolver si procede con esta nueva solicitud procesal.
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