La situación patrimonial del expríncipe Andrés experimenta un nuevo revés. Por segunda ocasión en un periodo de pocos meses, el integrante de la familia real se ve en la necesidad de finalizar el contrato de una propiedad vinculada a la Monarquía que estuvo a su disposición por varias décadas. De manera similar a lo ocurrido con Royal Lodge, su hogar durante los últimos 23 años, ahora concluye su estancia en East Lodge, una edificación de valor histórico situada en Windsor y administrada por el patrimonio de la Corona, la cual alquilaba desde 1998 bajo condiciones financieras sumamente ventajosas.
Esta determinación se concreta 28 años después de la firma inicial del acuerdo. Según consta en registros oficiales, fue el propio Andrés quien tomó la iniciativa de rescindir el contrato tras los sucesos del pasado 19 de febrero, fecha en la que se produjo su detención. No obstante, diversos analistas sugieren que este paso es una consecuencia inevitable de la exhaustiva investigación oficial que se está llevando a cabo sobre su entorno y sus finanzas personales.
Documentos revisados indican que Mountbatten-Windsor abonaba una cifra aproximada de 13.000 libras esterlinas anuales (unos 15.000 euros) por el arrendamiento de East Lodge. El contrato comenzó con un pago anual de tan solo 3.500 libras y fue ajustándose paulatinamente con el paso del tiempo. En la revisión más reciente, efectuada hace pocos meses, la renta se situó en 12.922 libras. El inmueble es una residencia de una sola planta construida en el siglo XIX, localizada entre las zonas de Windsor y Ascot, y funcionaba principalmente como alojamiento para el personal de entera confianza del exduque.
El contexto que rodea esta renuncia no es circunstancial. Desde que se apartó de la vida pública y fue despojado de sus títulos reales a raíz del escándalo relacionado con Jeffrey Epstein —acusaciones que Andrés ha negado categóricamente—, el exduque ha estado bajo una intensa presión por parte de la opinión pública. Durante el año pasado, dejó su residencia primordial en Royal Lodge para trasladarse a una vivienda en Sandringham, la cual es propiedad del rey Carlos III y no genera gastos directos al erario público.
Investigación del Parlamento sobre contratos de la realeza
La decisión de Andrés de entregar East Lodge ocurre en un momento crítico, coincidiendo con el anuncio del Parlamento británico de iniciar una revisión exhaustiva de los contratos de arrendamiento vinculados a la Corona. El Comité de Cuentas Públicas tiene como objetivo analizar si estos acuerdos respetan los principios de transparencia y el manejo eficiente de los fondos del Estado, según informó el presidente del organismo, Sir Geoffrey Clifton-Brown.
La gestión de East Lodge es una pieza fundamental en el complejo entramado financiero del expríncipe. Aunque la transacción de su antigua vivienda, Sunninghill Park, ya desató controversia en 2007 al ser vendida al yerno del presidente de Kazajistán por 3 millones de libras por encima del precio de mercado, el contrato de East Lodge permaneció vigente bajo la tutela del Crown Estate, el ente que gestiona los bienes reales cuyos ingresos son transferidos al Tesoro.
La solicitud formal para dar por terminado el contrato de East Lodge se presentó este año, justo después de que se solicitara información pública detallada sobre la situación de la vivienda. Aunque el acuerdo original no expiraba sino hasta julio de 2027, el Crown Estate ratificó que se está gestionando una salida anticipada y que el cronograma final dependerá de los acuerdos logrados para el personal que todavía reside en la propiedad.
El contraste de precios y el escrutinio público
A pesar de sus dimensiones modestas, East Lodge se ubica en una de las regiones más exclusivas y costosas del sur de Inglaterra. Diversas agencias del sector inmobiliario estiman que el alquiler de departamentos de dos o tres habitaciones en dicha área oscila entre las 2.000 y 7.500 libras mensuales, mientras que las residencias independientes pueden superar esas cifras con facilidad. En contraste, el exduque mantenía un pago anual que resulta significativamente inferior a los precios actuales del mercado abierto.
Por su parte, el Crown Estate ha reiterado que el uso cotidiano de la propiedad es un asunto estrictamente privado. Sin embargo, la administración de este tipo de contratos y las concesiones históricas otorgadas a miembros de la familia real se encuentran hoy bajo una vigilancia institucional mucho más rigurosa que en décadas pasadas.
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