La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales aprobó por unanimidad -con el voto favorable de los diez asambleístas presentes- el informe para segundo debate del proyecto unificado de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional su archivo por inviabilidad técnica y constitucional.
El documento recoge los aportes técnicos y jurídicos recibidos durante el proceso de análisis, así como el debate de las distintas iniciativas de reforma presentadas. Tras una evaluación integral, la Comisión concluyó que la propuesta no responde de manera estructural a los principales desafíos del Sistema de Educación Superior ni fortalece su rol estratégico en el desarrollo nacional.
Entre las observaciones centrales se señala que la iniciativa no ofrece soluciones de fondo a problemáticas como la autonomía universitaria, el financiamiento sostenible, la calidad y la pertinencia académica. Además, mantiene un enfoque fragmentado entre universidades públicas y particulares.
En materia de autonomía, aunque el texto invoca este principio, en la práctica lo supedita a instancias de regulación, control y evaluación que podrían limitar la autodeterminación académica, administrativa y financiera, en tensión con el artículo 355 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Asimismo, no incorpora de manera transversal los principios de plurinacionalidad e interculturalidad.
Respecto a la admisión y al financiamiento, la política de nivelación propuesta condiciona su aplicación a recursos ya asignados en el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas, lo que podría afectar su sostenibilidad y capacidad de gestión.
El informe también advierte que el proyecto no fortalece de forma clara la participación efectiva de la comunidad universitaria ni garantiza plenamente los derechos de estudiantes y docentes. De igual manera, observa un trato diferenciado en la reelección de autoridades entre instituciones públicas y particulares, lo que podría vulnerar el principio de igualdad de oportunidades.
En cuanto a los desafíos contemporáneos, la Comisión considera que la iniciativa no aborda de manera suficiente los retos de la digitalización, el desarrollo tecnológico y el acceso equitativo e inclusivo en un contexto de acelerado avance científico y tecnológico. Tampoco establece mecanismos claros y verificables que aseguren recursos adecuados para las instituciones públicas, lo que comprometería la garantía del derecho a la educación superior.
Con base en estas consideraciones, la Comisión recomienda el archivo del proyecto por no cumplir con estándares de coherencia normativa, pertinencia sistémica ni garantía efectiva de derechos.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea para su inclusión en el orden del día del Pleno, a fin de que sea analizado en segundo debate, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
RSA