La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, recibió los aportes de Karina Ponce, especialista de Incidencia y Políticas de la organización no gubernamental (ONG) World Vision, así como de su director en Ecuador, Esteban Lasso.
Entre las recomendaciones de la ONG se planteó la implementación, en el país, de tres rutas de prevención: temprana, antes de que exista la amenaza; urgente, antes de que ocurra la captación; y de protección, cuando el riesgo sea inminente o el hecho ya se haya producido.
Al respecto, Ponce compartió información de México, Colombia y Brasil sobre las edades de los niños reclutados para tareas de vigilancia y actividades vinculadas con la criminalidad, incluso desde los 7, 8, 9 y 10 años.
Asimismo, recordó los estándares internacionales obligatorios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y sugirió que el articulado establezca con claridad la diferencia entre reclutamiento, utilización y uso de niños, niñas y adolescentes, a fin de enfocar adecuadamente las estrategias de prevención y las sanciones para los infractores.
También propuso precisiones a las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia, del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Por su parte, Lasso informó sobre el trabajo que desarrolla la organización en 13 provincias, en beneficio de 368.124 menores de edad, orientado a disminuir la desnutrición crónica infantil, mediante iniciativas como el programa Casa Club, el proyecto Youth Ready, para el fortalecimiento de habilidades, y la red de 1.350 líderes jóvenes Wamprakunapak Yuyaykuna.
En su intervención, la presidenta de la mesa legislativa, Diana Jácome, recordó que la reforma a varios cuerpos normativos tiene como objetivo fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Los comisionados, a su vez, reflexionaron sobre aspectos de derecho comparado, proporcionalidad de las penas, competencias institucionales y riesgo digital, entre otros puntos.
En ese sentido, se destacó que este tipo de acciones contribuye a que los niños, niñas y adolescentes permanezcan vinculados a programas y proyectos de carácter social que promuevan su desarrollo integral.
AM