El legislador venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdirigente Nicolás Maduro, sostuvo este martes que el movimiento oficialista tiene la obligación de “garantizar su hegemonía absoluta” en el país. Sus declaraciones se produjeron al cumplirse dos meses de la detención de su padre en la capital venezolana, tras la ejecución de la operación militar estadounidense denominada “Resolución Absoluta”.
Durante una movilización en Caracas que congregó a cientos de simpatizantes, el diputado enfatizó la necesidad de blindar el proceso político actual.
“Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible”
, manifestó Maduro Guerra. Los manifestantes exigieron en la marcha la libertad de Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos en Nueva York.
En su intervención, difundida por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), el parlamentario admitió que la nación enfrenta un “escenario complejo”, lo que obliga a tomar medidas para asegurar la gobernabilidad y la paz interna. En este contexto, destacó que la cúpula chavista mantiene el control del Estado bajo la gestión de la actual presidenta encargada.
Liderazgo y control político
Maduro Guerra subrayó que el centro del poder operativo se mantiene en el palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez, quien se desempeña como vicepresidenta desde el año 2018. El legislador se refirió a Rodríguez como una figura “extraordinaria”, destacando su preparación y su lealtad absoluta al equipo de su padre.

Asimismo, el diputado hizo un llamado a la conciencia de las bases para que comprendan el panorama actual, instándolos a mantener la estructura organizacional y acatar las instrucciones del alto mando político, dejando de lado los sentimientos personales que el proceso de captura pueda generar.
Respecto al contexto internacional, el parlamentario afirmó que la realidad del país se transformó tras el 3 de enero. “No puede ser el mismo, primera vez que nos bombardea una potencia nuclear. El país cambió, para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad que sea para bien”, puntualizó ante sus seguidores.
Batalla legal en los Estados Unidos
En el ámbito judicial, Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos criminales: tres relacionados con conspiración para el narcoterrorismo, importación de sustancias ilícitas y posesión de armas destructivas y ametralladoras. Por su parte, Cilia Flores encara otros cuatro delitos similares vinculados a la conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento.
La semana pasada, el abogado defensor Barry Pollack solicitó formalmente a un tribunal federal de Nueva York que se desestimen los cargos por narcotráfico y corrupción. El argumento principal radica en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha impedido el uso de fondos del Estado venezolano para costear la defensa legal, debido a las sanciones vigentes de Washington.

Pollack sostuvo en los documentos presentados ante el juez Alvin Hellerstein que la negativa de la OFAC vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal. Según la defensa, cualquier proceso bajo estas restricciones financieras sería inconstitucionalmente defectuoso y carecería de validez legal a futuro.
El conflicto financiero se intensificó el pasado 9 de enero, cuando la agencia federal inicialmente aprobó una licencia para los pagos, pero la anuló apenas tres horas después. Esta acción dejó a la defensa sin los recursos necesarios para enfrentar un juicio que podría acarrear décadas de prisión para los acusados.
Finalmente, se incluyó una declaración jurada de Maduro donde ratifica su confianza en Pollack, asegura no poseer medios propios para financiar el caso y reclama su derecho a que el régimen venezolano cubra sus honorarios. Desde su comparecencia inicial el 5 de enero, tanto el exmandatario como Cilia Flores han sostenido su inocencia frente a todas las acusaciones.
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