Representantes de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada y de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros comparecieron ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte para exponer sus observaciones al proyecto de ley que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida.
María Fernanda Ulloa, delegada del sector de medicina prepagada, expresó su preocupación frente a la propuesta -planteada por la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva- de establecer la cobertura obligatoria de estos tratamientos por parte de las empresas privadas.
Ulloa informó que incorporar esta prestación tendría implicaciones económicas relevantes, tanto para el sector privado como para el sistema público de salud. Indicó que la medicina prepagada cubre a más de 1,4 millones de usuarios y moviliza aproximadamente USD 490 millones anuales, con un margen promedio cercano al 5 %, lo que evidencia limitaciones financieras. Señaló que los tratamientos de reproducción asistida no están contemplados en las tarifas vigentes, por lo que su incorporación obligatoria implicaría incrementos en los costos y en las primas.
Asimismo, observó que un aumento de tarifas podría generar deserción de afiliados, especialmente de quienes utilizan menos servicios de salud, lo que provocaría un fenómeno de selección adversa que encarecería aún más el sistema y trasladaría parte de la demanda al sector público.
Por su parte, Patricio Salas, secretario general de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, recordó que las compañías ya ofrecen cobertura de maternidad en sus planes, sin discriminación respecto de la forma en que se produjo el embarazo, ya sea de manera natural o mediante técnicas asistidas. Esta cobertura protege a la madre y al hijo desde el control prenatal hasta el parto.
No obstante, aclaró que los procedimientos de reproducción asistida no forman parte de la cobertura actual por razones técnicas, jurídicas y actuariales. Salas explicó que la creación de nuevas prestaciones requiere estudios de sostenibilidad, revisión de tarifas y aprobación regulatoria, a fin de no comprometer la solvencia del sistema. Recordó que el seguro opera bajo un principio solidario, en el que la comunidad de asegurados financia los siniestros de unos pocos, por lo que cualquier ampliación obligatoria impactaría en el costo para todos.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, aclaró que la propuesta de cobertura obligatoria no consta en el texto original del proyecto de ley, sino que corresponde a observaciones presentadas por representantes del sector médico. Reiteró que el objetivo central de la iniciativa es establecer un marco técnico y de protección de derechos para regular la reproducción humana asistida, y no necesariamente definir esquemas de financiamiento para el sector privado.
La Comisión continuará el análisis del proyecto en próximas sesiones, con el compromiso de recibir aportes técnicos adicionales que permitan adoptar una decisión informada y sostenible para el país.
RSA