En el marco de una severa crisis por la baja calidad de los hidrocarburos en Bolivia, la petrolera estatal ha oficializado la desvinculación de 410 funcionarios públicos. Esta medida responde a un profundo proceso de “reestructuración” interna que busca sanear la institución.
“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas”
Así lo manifestó el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, mediante un boletín institucional. La organización sostiene que los inconvenientes registrados recientemente son producto de un presunto “sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas”, cuyo fin sería “desestabilizar a la compañía y al Gobierno”.
La comunicación oficial subraya que la administración anterior transformó a YPFB en un nicho de influencia política. Según el documento, esta situación generó, a lo largo de 20 años, perjuicios considerables en la solvencia técnica y operativa de la estatal. Debido a esto, se han iniciado auditorías e investigaciones para determinar responsabilidades sobre cualquier daño económico o técnico detectado.
Impacto técnico y daños mecánicos
El anuncio de los despidos surge en un contexto crítico debido a la contaminación de carburantes, lo que ha provocado averías en motores y una notable disminución del rendimiento vehicular. En declaraciones previas, Alky reconoció el hallazgo de sedimentos de manganeso y goma en los depósitos de almacenamiento, residuos que habrían sido heredados y que terminaron afectando la composición de la gasolina.
La magnitud del problema es ratificada por las estadísticas del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB). Esta entidad gremial estima que, actualmente, el 60% de los automotores que ingresan a los talleres mecánicos presentan desperfectos vinculados directamente con la “mala calidad del combustible”.
Por su parte, el primer mandatario, Rodrigo Paz, ha señalado que existe un plan de “sabotaje” orquestado desde el interior de la estatal petrolera. Pese a asegurar que los responsables están identificados, tras más de 40 días de conflicto, las autoridades no han presentado a los involucrados ni han detallado la operatividad de estas supuestas mafias ni las estrategias para evitar nuevas vulneraciones.
Medidas de seguridad y control
Como respuesta inmediata, el Ejecutivo anunció este lunes la militarización de las refinerías y plantas de YPFB localizadas en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El objetivo principal es blindar a la petrolera frente a “las mafias y de la corrupción”. Paz puntualizó que el despliegue de las Fuerzas Armadas permitirá un monitoreo estricto de la cadena de producción para asegurar la trazabilidad de los combustibles.
De manera complementaria a la vigilancia militar, la administración de Paz ha instruido la aplicación de aditivos estabilizantes y antioxidantes en el refinado de gasolina. Con esta acción técnica se pretende frenar la degradación del producto y mitigar el riesgo de averías mecánicas en el parque automotor boliviano.
La problemática de los carburantes en Bolivia se arrastra desde hace tres años, pasando de una etapa de desabastecimiento crónico a una crisis de estándares de calidad. Si bien la falta de divisas complicó las importaciones durante 2023, tras el relevo gubernamental en noviembre de 2025 el suministro se normalizó, aunque los controles de calidad quedaron bajo la lupa ciudadana.
Finalmente, la tensión social ha escalado con las movilizaciones de choferes sindicalizados. En las últimas semanas, los transportistas han protagonizado protestas y vigilias en diversas ciudades, exigiendo una resolución definitiva al conflicto y el resarcimiento económico por los daños sufridos en sus herramientas de trabajo.
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