Los descendientes de Bayardo Arce Castaño han emitido un reclamo urgente este lunes para obtener una prueba de vida pública de su progenitor. En su denuncia, manifiestan un desconocimiento total sobre el paradero y la integridad física del exasesor, quien fuera sentenciado el pasado 27 de enero de 2026 por el sistema judicial supeditado a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Desde hace siete meses, nuestro padre permanece detenido arbitrariamente en condiciones que carecen de toda garantía procesal y judicial, sin acceso a defensa ni a un debido proceso”
Esta declaración fue plasmada en una misiva abierta enviada a la pareja gobernante y a la ciudadanía de Nicaragua. El pronunciamiento surge poco tiempo después de que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas decidiera integrar a Arce en su registro oficial de detenidos.
Detención y proceso judicial del excomandante
El ciudadano Bayardo Arce, de 76 años, fue aprehendido durante la noche del 30 de julio de 2025. El operativo fue un allanamiento ejecutado en su domicilio en Managua por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Hasta ese momento, el detenido era reconocido como uno de los pilares históricos del sandinismo y ejercía como consultor económico del Ejecutivo.
Tras su captura, Arce pasó meses en una situación de irregularidad jurídica, lo que motivó denuncias de desaparición forzada por parte de sus parientes en el exterior. Su condena se oficializó finalmente el 27 de enero de 2026, bajo cargos de lavado de dinero y fraude por un monto que superaría los cinco mil millones de dólares. Sin embargo, el juicio se mantuvo bajo estricto secreto, sin detalles sobre la duración de la pena y limitándose a informar la incautación de su patrimonio.
El declive de Arce inició formalmente el 28 de julio de 2025, cuando se le dictó arresto domiciliario. Esta medida ocurrió tras un registro policial en su vivienda, enmarcado en una indagación por supuesta defraudación estatal en complicidad con otros actores vinculados al gobierno. En este contexto, también resultó encarcelado su colaborador cercano, Ricardo Bonilla.
La persecución judicial se extendió a su círculo familiar íntimo: su cónyuge, Amelia Ybarra, y su cuñado, Amílcar Ybarra-Rojas, fueron señalados como coautores de los delitos. Ambos lograron abandonar el territorio nicaragüense en diciembre de 2025, eludiendo el cerco policial que los vigilaba.
Opacidad y deterioro de la salud
La falta de transparencia ha marcado todo el proceso judicial. Pese a que Rosario Murillo aseguró que el juicio sería de carácter público, no existen evidencias de que se respetaran los principios básicos de publicidad y derecho a la defensa. Asimismo, la autoridad no ha precisado el tiempo de reclusión impuesto al exasesor.
La familia asegura que no ha contado con visitas regulares ni con informes médicos oficiales.
“A la fecha de la última visita, presentaba un grave deterioro físico y anímico. La última vez que supimos de él fue el 7 de diciembre de 2025”
revelaron sus hijos. Tras casi tres meses sin noticias, advierten que el exfuncionario se encuentra nuevamente en un estado de desaparición forzosa.
Existen, además, informes extraoficiales que sugieren una supuesta hospitalización de urgencia del detenido, hecho que no ha sido comunicado formalmente a sus allegados. Los familiares externaron su pavor ante la posibilidad de que la avanzada edad de Arce, sumada al aislamiento, las posibles dolencias y los castigos, desemboquen en un desenlace fatal, señalando que estos patrones ya se han visto en casos previos.
Trayectoria y críticas al exasesor sandinista
En la década de los 80, Bayardo Arce figuró como uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Con el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, asumió el rol de estratega económico, siendo el puente principal entre el régimen y los grupos empresariales del país.
Su carrera no estuvo exenta de señalamientos por corrupción, especialmente por su rol en la denominada Piñata de 1990, proceso donde jerarcas sandinistas se adjudicaron bienes estatales. Su alianza con la pareja presidencial terminó abruptamente en 2025, coincidiendo con una purga interna de figuras históricas dentro del partido de gobierno.
A finales de febrero, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas detalló que el grupo de detenidos políticos asciende a 46 personas, incluyendo a Arce. De esta cifra, 15 son adultos mayores que enfrentan riesgos críticos debido a las condiciones carcelarias. El organismo enfatiza que estas detenciones cumplen con los criterios internacionales de detención arbitraria.
La inclusión de Arce en esta lista ha provocado reacciones encontradas entre la población. Un sector interpreta esto como una vendetta interna, donde un antiguo colaborador sufre los abusos del sistema que ayudó a construir, mientras que otros defienden que, sin importar su historial, se deben respetar sus derechos humanos fundamentales.
Al respecto, el economista Enrique Sáenz manifestó:
“todos sabemos que Bayardo Arce era uno de los grandes capos de la mafia en el poder, pero por vendettas internas y luchas de poder le montaron una trama que entre otras intenciones pretende exhibirlo como chivo expiatorio”
Sáenz calificó la acusación como una maniobra burda que termina exponiendo las dinámicas delictivas del propio régimen. Además, puso en duda que se puedan movilizar sumas de cinco mil millones de dólares fuera del sistema bancario, insistiendo en que cualquier ciudadano merece un juicio imparcial.
Demanda humanitaria de la familia
En el cierre de su mensaje, los hijos de Arce aclaran que su petición es de índole humanitaria y superior a cualquier afinidad política.
“Como familia, exigimos con urgencia a Rosario Murillo y Daniel Ortega, y a todo el cuerpo del Estado que le respalda, información oficial sobre la condición médica y ubicación exacta de nuestro padre Bayardo Arce, demandamos prueba pública de vida inmediata y acceso a visitas familiares para poder constatar personalmente su estado, tomando urgentemente medidas humanitarias que todo preso político se merece, por encima de colores y posturas”
Finalmente, expresaron su gratitud a las organizaciones de derechos humanos por reconocer la situación de Arce y se solidarizaron con otras familias que atraviesan circunstancias similares.
“Finalmente, agradecemos a todas las personas y organismos de derechos humanos que han reconocido su condición como preso político. Y nos sumamos al llamado de todas las familias de desaparecidos y presos políticos en Nicaragua que demandan su paradero y la liberación inmediata de todas y todos los injustamente e ilegalmente detenidos. Nos unimos a su dolor y a su exigencia de respeto a la integridad y a la dignidad humana, sin distinción”
concluye el texto.
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